En lo transcurrido de 2011, fueron reportados esos hechos por 23 seccionales a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía a tres semanas de efectuarse las elecciones locales y regionales.

De acuerdo con los reportes presentados esta semana, en contra de alcaldes, concejales y diputados, así como de aspirantes a esos cargos, se han registrado 80 casos de amenazas, han sido perpetrados 21 homicidios, se han cometido ocho atentados y seis secuestros, igualmente se han denunciado dos extorsiones, y otros tres hechos están por establecer.

Con respecto a los actuales alcaldes nueve fueron amenazados, uno fue ultimado, uno fue víctima de secuestro. En torno de los aspirantes a las alcaldías, 49 han recibido amenazas, siete fueron víctimas de homicidio, en contra de cinco se produjeron atentados, otros cuatro fueron blanco de secuestradores y dos aspirantes han sido extorsionados.

Así, entre alcaldes en ejercicio y aspirantes a las alcaldías se han producido 58 casos de amenazas y ocho de ellos fueron asesinados.

La situación de candidatos a las asambleas departamentales, según el informe del CTI, señala que dos han sido amenazados y que un diputado también recibió amenazas. En torno de los aspirantes a concejos 11 de ellos han recibido amenazas, otros siete fueron ultimados, y en contra de tres más se produjeron atentados. Un diputado en ejercicio recibió una amenaza.

Igualmente, siete concejales en ejercicio recibieron amenazas, otros seis fueron ultimados, y uno fue blanco de secuestradores. Entre concejales activos y aspirantes a los concejos se han producido 13 homicidios. Según los registros un aspirante a una gobernación fue amenazado.

El informe de la Dirección Nacional del CTI indica que los departamentos con mayores cifras de hechos de violencia política es Valle del Cauca con 21, le siguen Cauca con 10, Santander con nueve, Tolima y Antioquia con ocho casos cada uno, Norte de Santander con seis y Risaralda con cinco.

Los reportes de tales hechos delictivos fueron recibidos por funcionarios del CTI en todo el país y las indagaciones son orientadas por fiscales seccionales.