Una nueva cruzada contra el populismo punitivo pareció iniciar el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, ya que sus recientes declaraciones a EL NUEVO SIGLO tuvieron repercusiones entre congresistas y juristas.

 

Gómez le dijo a este Diario que “es muy importante también mirar en qué medida tenemos que dejar las cárceles solamente para delitos realmente graves, ya que hay muchas situaciones que no ameritan que una persona esté tras las rejas”.

 

“Es decir”, aclaró, “la aplicación del principio general de que la detención debe ser excepcional”.

 

Para Gómez, “también hay que mirar un poco más en detalle la respuesta del Estado, que no puede seguir siendo para cada problema crear un nuevo delito y que la sociedad entienda que no todo se resuelve con cárcel”.

 

Priorizar

El representante tolimense Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador, dijo que esa tesis de que no haya pena privativa de la libertad viene de la Universidad del Rosario.

 

“Es una concepción nueva, particularmente del derecho alemán, y lógicamente creo que es una forma de ver el mundo”, anotó.

 

“En lo que sí estoy de acuerdo con el ministro de Justicia es que hay que priorizar delitos y priorizar personas en el tema de las sanciones penales. No es lo mismo un delito aberrante como un homicidio, como una violación, como otros delitos que son graves, pero no generan tanta lesión para la humanidad”, explicó.

 

El senador nariñense Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que el planteamiento es muy preocupante, porque existen varios proyectos que proponen el incremento de penas.

 

“Por ejemplo, hay un proyecto donde hay unanimidad, de incremento de penas para conductores borrachos”, recordó Enríquez, indicando que si en la actualidad no se van a construir más cárceles y hoy existe hacinamiento de carácter humanitario, entonces la única manera de poder solucionar ese problema es construyendo nuevos establecimientos carcelarios.

 

“Debemos abrir el debate. Incluso eso ya se planteó. Hemos citado al actual ministro, porque con Ruth Stella Correa, la anterior ministra, se venía trabajando ese tema y ahora queremos que el doctor Gómez Méndez participe en el debate, lo mismo que los representantes de los guardianes”, dijo.

 

Penas que no se cumplen

El representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, consideró que él está de acuerdo con el ministro de Justicia, porque no se puede meter a la cárcel a todo el mundo: “Este país está saturado de penas que no se cumplen. Lo importante es que cumplan las penas, pero que no se generen más delitos”.

 

Navas añadió que el Gobierno debe poner ese tema sobre la mesa en el Consejo de Política Criminal.

 

El exfiscal Mario Iguarán manifestó que lo importante es que el ministro plantee el tema en el Consejo de Política Criminal.

 

“Es muy importante que una persona tan conocedora sobre este tema pueda reactivar el Consejo de Política Criminal para dejar claridad sobre el particular”, dijo.

 

Iguarán indicó que él está en total desacuerdo con que se incrementen las penas privativas de la libertad y manifestó que se podrían despenalizar muchas conductas, porque se pueden perseguir calificándolas de contravenciones o sanciones administrativas; señaló  que lo que se demuestra es que no todo se resuelve con cárcel.

 

El representante huilense Carlos Augusto Rojas, vocero del Partido Conservador en la Cámara, sostuvo que por medio Código Penal se instituyó que la detención preventiva fuera una norma excepcional en Colombia, “pero lamentablemente los señores fiscales lo volvieron una norma general y la excepción es la medida de aseguramiento”.

 

“Si bien la norma fue concebida para evitar que criminales de alta talla pudieran violar la acción de la justicia, pudieran evadirse, hoy en día a cualquier colombiano de a pie, de ruana, le aplican la detención preventiva”, dijo.

 

Para Rojas, por ese motivo el Estado está siendo objeto de múltiples condenas, porque la Fiscalía de a extralimitado en esa construcción constitucional y penal.

 

“A mí me parece que eso debe haber una revisión. Tenemos que volver por los fueros constitucionales que tienen todo ciudadano. Y hasta que no se compruebe lo contrario, se debe presumir su inocencia”, dijo.

 

Responsabilidad de jueces

Para el exviceministro Miguel Ceballos, lo que se debe hacer es un trabajo armónico entre los jueces y el Estado: “Eso es cosa de política criminal”.

 

Ceballos recordó que quien decide sobre una medida privativa de la libertad no es nadie distinto que un juez.

 

“Más que el tema penal, puede modificarse mil veces la jurisdicción penal, pero quienes siempre aplican la justicia son los jueces”, dijo.

 

El exviceministro Ceballos señaló que lo que se debe es hacer un trabajo con los jueces dentro del Consejo Superior de la Judicatura para que exista un ejercicio constante, conjunto como Estado; que se haga un ejercicio entre los jueces de la República en conjunto con el poder Ejecutivo, representado en el ministro de Justicia.

 

“Entonces se debe hacer una evaluación sobre el alcance del trabajo que se viene realizando, con el propósito de hacer una verdadera política criminal preventiva y que los jueces tengan un contexto para tomar las determinaciones pertinentes”, sostuvo.

 

Penas alternativas

El exprocurador Jaime Bernal indicó que en el país se han definido dos políticas para solucionar problemas. “La primera, crear delitos permanentemente para solucionar asuntos sociales, políticos, económicos. Y la segunda, aumentar penas. Es decir, que al contrario de lo que debe ser el Derecho Penal, que debe ser la última solución a los conflictos, la última intervención del Estado para buscar el orden público, aquí en Colombia la hemos tomado como la primera solución”, dijo.

 

Bernal expresó que este tema constituye un error, porque el Estado no tiene la suficiente capacidad para darle una respuesta a la delincuencia. Por eso indicó que se deben mirar formas alternas incluyendo sanciones diferentes a las privativas de la libertad.

 

Populismo punitivo

El exministro Juan Carlos Esguerra dijo que “mi posición es que se defina una política criminal y penitenciaria. Definir además los delitos y las penas a esos delitos en función la política criminal y penitenciaria, y no como reacción en caliente cuando se presenta una situación determinada”.              

 

Según un resumen del informe de la Comisión de Política Criminal, existe una tendencia al aumento irreflexivo de las penas de prisión pues desde la entrada en vigencia del Código Penal en 2000, se han hecho 37 reformas que solo han buscado aumentar las penas con un impacto negativo en el sistema penitenciario.

 

“Lo que se aprecia con preocupación es que la Rama Judicial también se ha contagiado del populismo punitivo. Entonces, observamos cómo se acude a argumentos muy cuestionables para mandar a las personas a las cárceles, para negarles la posibilidad de subrogados o para decir que ciertas personas, según el delito que cometieron, no tienen derecho a la redención de la pena por vía del estudio o del trabajo”, sostuvo Francisco Bernate, coordinador del Departamento de Derecho Penal de la Universidad del Rosario.

 

De hecho, los miembros de la Comisión advierten que estas reformas han respondido más a las ventajas electorales que significan, que a su verdadera efectividad penal.

 

En opinión del jurista Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), es natural que la ciudadanía se desespere, se indigne y reclame soluciones; la respuesta más inmediata y fácil suele ser establecer penas cada vez más duras. “Resulta, entonces, políticamente popular promover esas iniciativas de endurecimiento punitivo. Y en eso consiste lo que la sociología jurídica ha llamado el populismo punitivo: creer (y hacer creer) que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos”, ha dicho Uprimny.

 

En opinión de Bernate, el aumento de penas está relacionado con el populismo punitivo, tendencia que se debe, en gran medida, a que cuando el legislador está a la caza de votos, acude a temas sensibles como la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas. Para los expertos esta tendencia de incrementar las penas con prevención de la libertas, deben ser eliminadas y dejar de legislar al calor de las coyunturas sociales.