1.   SIN ECO POPULAR:- las encuestas han evidenciado que el apoyo a un eventual plebiscito por la paz para refrendar un posible acuerdo final con las Farc viene disminuyendo de manera sostenida. Ayer, por ejemplo, se conocieron los resultados del Opinómetro, realizado para El Tiempo y La Wradio, según el cual el 46,8% de los consultados votaría por el "No", en tanto que el 33,9% se inclinaría por el "Sí". Frente al sondeo que sobre el mismo tema se hizo en diciembre pasado, se evidencia que aumentó la tendencia del “No” (de 42,2% a 46,8%) y disminuyó la del “Sí” (de 36,7% a 33,9%). No es un fenómeno nuevo, pues a finales de enero el Centro Nacional de Consultoría, en encuesta para CM&, encontró que si bien el 18% de los consultados votaría por el “No”, los partidarios del “Sí” eran apenas el 50%, mientras que un 32% dijo que no votará. A ello se suma que en la encuesta Gallup, en diciembre pasado, el “No” había crecido a un 32%, pese a que en octubre pasado se encontraba en 18%, en tanto que el “Sí” bajó al 52%, aunque dos meses antes se encontraba en 71%. También en ese mes, la encuesta de Polimétrica, para Caracol Radio y Red+Noticias, evidenció que el 61% de los consultados votaría por el “Sí”. Es claro, entonces, que el apoyo al plebiscito por la paz ha venido perdiendo terreno entre la opinión pública, no solo porque las Farc lo descalifican, sino porque hay sectores nacionales que consideran que la opción de una asamblea nacional constituyente sería más adecuada para la refrendación de los acuerdos. Esa tendencia a la baja es aún mayor desde el mismo momento en que a comienzos de diciembre la figura fue aprobada por las mayorías gobiernistas en el Congreso.

2.    PESIMISMO SOBRE EL PROCESO DE PAZ: sin embargo, la evolución de la tendencia negativa del plebiscito por la paz no puede analizarse como un hecho aislado frente al mecanismo como tal o la forma en que fue aprobado por el Congreso. En realidad el escepticismo que rodea la figura refleja otro hecho que las encuestas también han venido reflejando de manera sostenida: los colombianos tienen cada vez menos confianza en el proceso de paz, no sólo porque ya lleva más de tres años sin terminarse, sino porque el último acuerdo anunciado en La Habana, referido a una “Jurisdicción Especial de Paz”, no cayó bien entre la opinión pública debido a que establece que, en la práctica, los guerrilleros no van a pagar cárcel y quedarán habilitados para hacer política una vez se desarmen. Todos los sondeos previos y posteriores al anuncio del acuerdo judicial pusieron de presente que la gente no está de acuerdo con un margen tan amplio de impunidad para los cabecillas y tropas subversivas que cometieron delitos graves y atroces. A nivel externo los peros al acuerdo han sido aún mayores, empezando por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional y hasta el gobierno y Congreso de EU. También es alta la incredulidad de la ciudadanía en la verdadera voluntad de paz de las Farc, su compromiso real para desarmarse, si respetará las nuevas ‘zonas de despeje’… A ello se suma que la fecha anunciada por Santos y Timochenko para terminar el proceso máximo el 23 de marzo, ya parece que no se cumplirá pues falta temas muy gruesos en La Habana, como pactar el cese el fuego y de hostilidades.  Todo ello ha generado un desgaste muy alto al proceso de paz, aumentado la polarización nacional y generando un clima de escepticismo muy alto y creciente.

3.   CONTAGIO DE LA MALA IMAGEN PRESIDENCIAL: está probado que esta clase de mecanismos de participación popular en donde se le consulta a la ciudadanía por determinado asunto de interés nacional, suelen contagiarse con el nivel de percepción  que los potenciales votantes tienen también sobre el Gobierno y su respectiva calificación. Esto es particularmente complicado para el plebiscito por la paz ya que las últimas encuestas sobre popularidad e imagen presidencial no son nada buenas. Por ejemplo, en la encuesta Yanhaas, dada a conocer a finales de enero, el 68% de los consultados consideró que el país va por mal camino en aspectos políticos, económicos y sociales. A ello se suma que el 62% desaprobó la gestión del presidente Santos y solo un 21% la consideró positiva. Al gabinete ministerial no le va mucho mejor porque el  56% desaprobó su gestión y solo un 22% la apoyó. Esa progresiva caída de la imagen presidencial muchos analistas la relacionan con múltiples polémicas, crisis y escándalos en el comienzo de este 2016: disparada inflacionaria, controversia por bajo incremento del salario mínimo, el anuncio de una nueva reforma tributaria, los graves escándalos en la Policía, los millonarios sobrecostos en Reficar, el rifirrafe por la venta de Isagen, el rechazo al incremento en la tabla de avalúos vehiculares, el aumento de los precios de alimentos y víveres como consecuencia del fenómeno del Niño, las muertes de menores por desnutrición en La Guajira, el ‘paro armado’ del Eln, la apretón fiscal y presupuestal, las denuncias sobre despilfarros de dineros y gastos innecesarios en el alto gobierno… Todo un cóctel de crisis y escándalos a cual más graves y de profundo impacto en la percepción y el bolsillo de los colombianos, gran parte de los cuales considera que Santos y su Gobierno se imbuyeron en el tema del proceso de paz y no ven la gravedad de la crisis económica y social.

4.   FUTURO COMPLICADO EN LA CORTE. Otro de los grandes problemas que afecta el panorama del plebiscito por la paz es lo que pueda pasar en el examen de exequibilidad en la Corte Constitucional. Es claro que haber reformado esta figura en temas tan determinantes como su naturaleza y función política, el bajar el umbral de participación del 50% al 13%, hacer vinculante su resultado y no permitir sino una pregunta cerrada sobre si se apoya o no el acuerdo de paz, han dado lugar a una gran polémica nacional e internacional. No pocos juristas consideran que será muy difícil que el alto tribunal, al tenor de su propia jurisprudencia, le dé su bendición al acto legislativo. Las especulaciones están a la orden del día. Se dice, por ejemplo, que la Corte sólo se remitiría a la revisión de forma y evitará pronunciarse sobre el fondo de la reforma constitucional. Otros opinan que optará por proyectar un fallo modulado, en el que suba, por ejemplo, el umbral de participación pero deje vivos otros aspectos clave del mecanismo. Algunos juristas insisten en que devolverá la reforma al Congreso para que subsanen algunos temas de forma y fondo, aduciendo que en un asunto tan importante como el de la paz, hay excepcionalidades como estas que se pueden aplicar. Tampoco faltan los que advierten que, al final, tumbará el acto legislativo y, por esa vía, le quitaría al Gobierno la presión de cumplir con su promesa de un mecanismo de refrendación popular de los acuerdos de paz. Hasta el propio presidente Santos ha tenido que salir a desmentir rumores en torno a que el Gobierno estaría maniobrando en este sentido ante los magistrados. A todo lo anterior hay que sumar que las presiones alrededor de la Corte crecen día tras día entre los sectores que urgen que falle en determinado sentido.

5.   POLARIZACIÓN Y POLITIQUERÍA: otra de las problemáticas que rodea el ya accidentado camino del plebiscito por la paz es la relativa a que se convirtió en causa de pulso político entre partidarios y contradictores del proceso de paz, pese a que todavía no se sabe exactamente cuál será, finalmente, el contenido y alcance del acuerdo que se someterá a consideración de la ciudadanía. No deja de ser paradójica esta circunstancia toda vez que los debates sobre si es o no el mecanismo adecuado para la refrendación o si son viables a la luz de la Constitución los cambios que le introdujo el Congreso, son lo que se han tomado el escenario político y aumentado la polarización entre santismo y uribismo. Como se ve, a diferencia de los grandes pulsos en otros países alrededor de referendos o plebiscitos, en el caso colombiano se discute todavía sobre la forma y no sobre el fondo. Es claro que si el umbral es del 13%, entonces el Gobierno podría apostar a conseguir los 4,4 millones de votos necesarios para que gane el “Sí”, por lo que uribismo y compañía no saben si convocar a sus partidarios a ir a las urnas o no hacerlo. Pero si este llega a ser replanteado por la Corte, subiéndolo, por ejemplo, a un 25%, lo que implicaría casi nueve millones de votos, entonces la oposición al proceso apostaría por la llamada “abstención activa”, es decir convocar a sus partidarios a no votar, para que el Gobierno y los defensores del proceso tengan que sumar esa gran cantidad de votos, algo que se ve hoy muy complicado a la luz de las encuestas. A ello se suma que entre los mismos partidos que respaldan el proceso hay una especie de pulso y rebatiña por hacerse a la bandera de la paz, con el fin utilizarla como mecanismo político-electoral de cara a los comicios de 2018. En ese pulso, hay más de una colectividad pujando por ser la principal madrina del plebiscito.