La situación en las cárceles continúa generando criterios enfrentados en instancias altas del Estado.

Días atrás el ministro de Justicia, Yesid Reyes, había indicado que la rehabilitación y construcción de cupos carcelarios así como la implementación de medidas para una política criminal racional y coherente, eran algunas de las estrategias que llevaron a que cedieran las cifras de hacinamiento.

Según Reyes, a la fecha la cifra llegó al 48.2% en comparación con enero de este mismo año, cuando registraba un 59%. Indicó que por primera vez se está llegando a un punto de equilibrio entre entradas y salidas de la población carcelaria.

Según esa cartera ministerial, se trata de una tendencia histórica de caída de la curva de hacinamiento, que lleva 11 meses y es el producto del trabajo realizado en la rehabilitación de cupos penitenciarios, así como la celebración de convenios con universidades para el apoyo en cárceles por parte de los consultorios jurídicos y la aplicación de medidas de política criminal racionales y coherentes.

A partir de 2013 se han contratado proyectos que permitirán generar 2.188 cupos en 2014 y 6.432 durante 2015. Para el próximo cuatrienio se tienen listos los proyectos para crear, aproximadamente, 18.000 cupos, con lo cual la capacidad de los centros de reclusión a nivel nacional quedaría en 96.000 cupos, incluyendo construcción de nuevos establecimientos, cupos de mediana seguridad, proyectos de rehabilitación y construcción de pabellones replicas.

Sin embargo, en los últimos días el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, volvió a reiterar sus críticas al sistema carcelario en el país.

Por ejemplo, volvió a llamar la atención sobre las precarias condiciones que afrontan los internos en la cárcel de Riohacha, la más hacinada del país, con un índice que se acerca al 480%, y donde los reclusos tienen que dormir uno encima de otro, incluso de pie, pues el espacio no da más alternativa.

Y días atrás, la misma entidad había denunciado la situación de desprotección a que se ven sometidos los internos con problemas de salud mental, quienes afrontan condiciones de reclusión incluso más precarias que las del resto de la población carcelaria

La Defensoría visitó la cárcel de Jamundí (Valle), donde se presentan algunos de los casos más críticos, pues según constató un equipo de la Entidad, los reclusos con trastorno psiquiátrico carecen de atención permanente de especialistas, psicólogos y terapeutas ocupacionales.

Según la Defensoría, de acuerdo con cifras del Inpec, en el país hay 2.060 internos con problemas de salud mental, situación que contrasta con los 120 cupos habilitados en las 138 cárceles. Los puntos más críticos están Jamundí y Acacías (Meta).