Tras conocerse la negociación del general Mauricio Santoyo con la justicia norteamericana, en la que aceptó cargos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a un grupo terrorista, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia, se multiplicaron las acusaciones a través de las cuales todos los que tuvieron que ver con su ascenso tratan de evadir su posible responsabilidad.

Ayer, en entrevista con Todelar, el expresidente Álvaro Uribe dijo que “Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, y el general Oscar Naranjo, como director nacional de la Policía, nunca me manifestaron dudas sobre el coronel Santoyo y por eso ellos plantearon el ascenso respectivo, que yo –en esas condiciones– acepté sin discusiones. De haber tenido dudas o contado con alguna información delicada, el asunto hubiera sido distinto”.

 

Santoyo

 

En 2003 el hoy general retirado Mauricio Santoyo, siendo desde el año anterior Jefe Seguridad de la Casa de Nariño, fue destituido por la Procuraduría que concluyó que cuando el oficial comandaba el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de la Policía en Medellín, entre 1996 y 1999, dicha unidad realizó 1.808 interceptaciones telefónicas ilegales, también conocidas como chuzadas, falsificando firmas de fiscales.

Santoyo alegó entonces que no tenía mando directo sobre las interceptaciones y que por eso la Fiscalía lo absolvió. Efectivamente, la Fiscalía le archivó la investigación por las chuzadas de personas e instituciones defensoras de derechos humanos, entre los que se encontraban activistas de derechos humanos del Valle del Aburrá, varios de los cuales fueron desaparecidos o asesinados.

Los argumentos no convencieron a la Procuraduría que un año después dejó en firme la sanción. De acuerdo con los documentos de la época, ya Santoyo estaba vinculado al paramilitarismo y particularmente a la banda de La Terraza.

En 2006, el oficial dejó temporalmente la Policía Nacional y la Casa de Nariño, hasta que el Consejo de Estado tumbó el castigo, permitiéndole en 2007 reincorporarse a la Institución y ascender a General, siendo enviado por el Gobierno como agregado a la Embajada de Colombia en Italia. En 2009 pidió voluntariamente la baja.

Según el expediente del proceso que se le sigue a Santoyo en una Corte de Virginia, Estados Unidos, entre 2000 y 2008, es decir antes de llegar a la Casa de Nariño (lideró el Cuerpo Élite Antiterrorista –CEAT– de 2000 a 2002), mientras fue el encargado de la seguridad del Presidente de la República y aún siendo diplomático en Italia, el oficial "sabía e intencionalmente conspiró" para traficar droga y para ayudarles a organizaciones terroristas a enviar varios cargamentos por Centroamérica y México.

El fiscal del caso Neil H. MacBride precisó en la acusación a Santoyo que este no solo incurrió en el delito de narcotráfico, sino que se alió con la Oficina de Envigado (bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna) y las Autodefensas Unidas de Colombia (en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado) para enviar toneladas de droga a territorio estadounidense.

En 2010 el jefe paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, le confirmó a la Corte Suprema lo asumido por la Procuraduría pero desestimado por la Fiscalía sobre los vínculos de Santoyo con las estructuras paramilitares.

 

Responsabilidades

 

Ayer el director de la Policía entidad, general José Roberto León, dijo que lo sucedido con Santoyo no obedece a una conducta generalizada al interior de la institución armada. “El general Santoyo nos decepcionó a todos. Las alianzas con el diablo nunca son buenas”.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), calificó el caso de Santoyo como “una vergüenza nacional e internacional, alguien que ha manchado su uniforme, su investidura y la confianza que le ha depositado el país”.

“El que la hace la paga independientemente  de su investidura o cargo”, agregó.

Para el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, llegó el momento de que Uribe responda por haber promovido a Santoyo: “Es abrumador constatar que el entorno familiar, político e institucional del expresidente Uribe está totalmente permeado por el paramilitarismo. Ya llegó la hora de que el exmandatario sea investigado por este y otros casos como el de Dolly Cifuentes, el exsenador Mario Uribe y Jorge Noguera”.

Para el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, es el expresidente Uribe quien tiene que darle explicaciones al país: “Quedó demostrado que el general Santoyo de día funcionaba con el alto gobierno y de noche trabajaba al servicio de los paramilitares”.

El senador Juan Carlos Vélez (La U) calificó el caso como una situación que genera “dolor de patria” y asegura que esto sólo demuestra “el enorme riesgo” que tuvo el expresidente Uribe al haberle sido asignado un “jefe de seguridad que estaba aliado con los paramilitares”.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, admitió que situaciones como esta “demandan mayores esfuerzos” en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia en la verificación de antecedentes y trayectorias.

“Aquí hay bandidos de todos los colores y así como en otras épocas penetraron al Estado, hoy la institucionalidad está por encima de la criminalidad, pero siempre existe la posibilidad de que criminales traten de penetrar las instituciones del Estado. Por eso requerimos de un análisis más profundo”, dijo.

Más allá de esa controversia, la senadora Alexandra Moreno, del MIRA, dice que las fallas en los ascensos son estructurales y por eso se atrevió a presentar un proyecto de ley para tratar de corregir esos vacíos.

Una iniciativa que, en palabras de la senadora, busca darle mayor transparencia a los procesos al exigir algunos requisitos que permitan a los senadores conocer con tiempo las hojas de vida y contar con mayor información sobre los antecedentes disciplinarios y fiscales de los candidatos al ascenso.

El senador Luis Fernando Velasco dijo que “no entiendo cómo el señor expresidente quiere desviar la atención de los medios abriendo un debate sobre supuestos diálogos con terroristas”.

Y fue más allá al señalar que “el mensaje en el Gobierno de Uribe fue muy claro porque implementó que con los terroristas no se dialoga, se les nombra jefe de seguridad de Palacio”.

El senador Alexander López, del Polo, manifestó este asunto “es algo que Álvaro Uribe debe explicar, pero no por twitter, sino ante la justicia”.

 

 

Jorge Noguera

 

El abogado samario Jorge Noguera lideró la triunfadora campaña presidencial de 2002 en Magdalena en 2002, lo que le valió ser nombrado como director del desparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cargo que ocupó hasta 2005, año en que fue nombrado cónsul en Milán, Italia.

El DAS era el principal centro de inteligencia estatal de Colombia, a cargo de la Presidencia de la República, hasta su supresión el 31 de octubre de 2011.

Noguera fue señalado en 2006 por el entonces jefe de informática del DAS, Rafael García, de haber propiciado la infiltración del paramilitarismo en el organismo de inteligencia.

El 22 de febrero de 2007, Noguera fue privado de la libertad, sindicado de concierto para delinquir y homicidio agravado.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años de prisión y a pagar una multa de 6.510 salarios mínimos legales vigentes de 2006 por haberse aliado con los paramilitares del Bloque Norte a cargo de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, a quienes les facilitó información privilegiada para que asesinaran a académicos y líderes sindicales en la Costa Atlántica.

Aunque la Corte lo investigaba por el asesinato de tres personas, dos de ellas profesores y una líder sindical, en la sentencia solo se condenó a Noguera por el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis cometido por paramilitares en complicidad con agentes del DAS el 17 de septiembre de 2004.

Durante el juicio se determinó que Noguera facilitó la base de datos del DAS a los paramilitares, eliminó los antecedentes penales de varios narcotraficantes así como a otras personas requeridas por la justicia.

 

 

Antonio López, alias Job

 

En marzo de 2011, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso que se adelantó por la visita, el 23 de abril de 2008, del asesinado paramilitar Antonio López, alias Job, a la Casa del Nariño.

López habría ido a la sede presidencial como parte de un tinglado para enlodar a los magistrados de la Corte Suprema.

La Fiscalía busca establecer si el ex secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, cometió algún delito al reunirse con López para presentar, según se explicó en su momento, pruebas de un supuesto complot de la Corte en contra del Presidente, las cuales se usarían para desprestigiar a los magistrados del alto Tribunal.

A dicha reunión también asistieron el abogado Diego Álvarez, defensor del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna, el secretario de prensa de la Casa de Nariño y hoy embajador de Colombia en el Vaticano, César Mauricio Velásquez, al igual que el ex gobernador del Cauca y ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux.

Poco después de la reunión, López fue asesinado en Medellín.

Aunque muchas voces lo tildaban de estar en la lista de sucesión en el liderazgo de la Oficina de Envigado, en una de las últimas entrevistas López negó cualquier vínculo con esa organización o que fuera el heredero de Murillo.

También en marzo de 2011, al divulgarse los cables diplomáticos norteamericanos gracias a Wikileaks, se supo que el general Oscar Naranjo le habría dejado entrever al Embajador de Estados Unidos en Bogotá que el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria habría organizado la mencionada reunión de López en la Casa de Nariño, para fraguar una campaña de desprestigio contra algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Orlando Moncada, alias Tasmania

 

El interés de la Casa de Nariño por enlodar a la Corte Suprema de Justicia obedecía a los avances que, desde 2005, había hecho en la investigación de la parapolítica.

Uno de los objetivos fue el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, coordinador de esa investigación.

El 10 de diciembre de 2007, en medio de un montaje, el paramilitar Orlando Moncada, alias Tasmania, señaló que Velásquez le ofreció dinero, vivienda y protección a su familia, a cambio de sostener que el entonces Presidente y su primo, el senador Mario Uribe, tenían nexos con grupos armados ilegales.

Meses después, Moncada se retractó de su testimonio y confesó que había sido instruido por su abogado Sergio González, el mismo abogado de un narcotraficante emparentado políticamente con el congresista, de mentir para desprestigiar al magistrado Velásquez.

Al retractarse, Moncada relató que le ofrecieron 400 millones de pesos y una casa, además del traslado de patio para mantenerse en lo escrito en la carta contra Velásquez; según el paramilitar, Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, “y el abogado me decían que era un favor para unos amigos y mencionaban a Mario Uribe y Santiago Uribe. Yo no tenía contacto directo con ellos".

 

 

Emilio Vence

 

En la sentencia en que la Corte Suprema condenó a Jorge Noguera en septiembre de 2011, se lee que el abogado guajiro Emilio Vence era amigo del ex representante liberal Jorge Castro Pacheco, condenado en mayo a 7 años y medio por sus nexos con paramiltares.

Vence, “señalado por Salvatore Mancuso como el Director del DAS en el departamento de Córdoba que interactuaba con las Autodefensas de los comandantes Carlos, Fidel y Vicente Castaño”, cargo que ocupó desde el 9 de junio de 1982 hasta el 7 de julio de 1993 cuando fue trasladado en el mismo cargo al Cesar.

Según le dijo a la Corte otro ex director del DAS en el Cesar, Jaime de Jesús Gañán, “el caso más conocido de nombramientos” de recomendados por paramilitares fue el de Vence “quien en la mayor parte de los informes de inteligencia siempre figuró como una de las personas que llevaron las Auc al Cesar”.

Vence fue nombrado como Director del DAS en el Atlántico durante la administración de Jorge Noguera. Allí se volvió célebre cuando fue acusado de inventarse tres atentados contra el Presidente para ganar puntos por sus positivos.

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo que absolvió a Vence. En la decisión, se estableció que él nunca participó, ni tuvo responsabilidad en los cargos que se le imputaron por concierto para delinquir en concurso de terrorismo, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.