Con la entrada en vigor ayer del nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS), no han cesado las críticas a la iniciativa.

Para Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, “es absurdo que después de 18 años se haga una actualización del POS; esto no soluciona los problemas estructurales de la salud”, y sostuvo que la solución es un “plan universal de beneficios con exclusión”.
En el Congreso se han escuchado argumentos similares. “Creo que la actualización del POS no ayuda en nada, ya que solo se está contemplando una pequeña parte del sector de la Salud”, aseguró el senador vallecaucano Mauricio Ospina, del Polo Democrático.
Las críticas se han enfilado básicamente a la Comisión de Regulación en Salud (Cres) que, señaló el senador caribe Eduardo Merlano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), debe acabarse porque “no está siendo muy clara en el tema que tiene que ver con la regulación en la salud”.
Sin embargo, el Gobierno ha defendido a la Cres y pidió un compás de espera para evaluar la actualización del POS.
Dicha actualización, explicó hace poco el presidente Juan Manuel Santos, incluye tratamientos vitales “para tantos colombianos que hoy no tienen acceso a ellos”.
Para el ministro de Salud Mauricio Santamaría, la actualización del POS supone una ambiciosa reorganización del servicio para los usuarios del sistema.
Además, la actualización implicó adoptar varias medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema; una de ellas fue fijarle topes a los precios de los medicamentos de alto costo, de acuerdo con valores que definirá la Comisión de Precios de Medicamentos, para que las personas no tengan que recurrir a tutelas u otros mecanismos para acceder a las medicinas. “Ahora este tipo de atenciones están en el POS y el tope de precios permitirá la negociación directa de estos medicamentos. Este es un nuevo paso hacia la equidad en la prestación del servicio de salud”, destacó Santamaría.