“Es increíble que la Defensoría del Pueblo haya tenido que acudir a una tutela para ordenar que se descongestionen las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, creadas para el paso transitorio de los detenidos mientras les resuelven su situación jurídica, y convertidas ahora en cárceles permanentes y hacinadas donde se les vulneran a los detenidos todos sus derechos fundamentales y su dignidad”, consideró la concejala Lucía Bastidas, de la Alianza Verde.

Resulta que un fallo de tutela del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le dio al Inpec 30 días de plazo para que tome medidas urgentes para descongestionar las URI de la ciudad para que las personas que ya fueron cobijadas con medidas de aseguramiento o condenadas sean trasladadas a los diferentes centros penitenciarios.

Para Bastidas no hay derecho a que se tenga que resolver con un fallo judicial un tema administrativo, que deberían resolver de manera conjunta y urgente los gobiernos nacional y distrital, encabezados por el Inpec que es el responsable de las cárceles del país, y de su buen funcionamiento.

El problema ha llegado a tales extremos en Bogotá, que desde el 2013 se reporta hacimientos hasta del 300 por ciento en las instalaciones URI que no tienen ni cupos ni capacidad para albergar al número tan alto de detenidos, que no deberían permanecer más de 36 horas en estos lugares.

Bastidas informó que los casos más dramáticos que hemos encontrado son las URI de Paloquemao, donde han llegado a detener hasta 430 personas en un espacio para 120, con los problemas sanitarios y de salud que ello conlleva, como lo hemos podido constatar en recorridos diurnos y nocturnos que hemos realizado a estas instalaciones de Paloquemao.