Preocupado por las diferencias entre la competitividad y la estructura de precios de Colombia frente a las del país de referencia y las altas cargas tributarias sobre los combustibles, el Procurador Ordóñez hizo observaciones ante los precios de la gasolina.
En ejercicio del control de gestión y seguimiento a la implementación de las políticas públicas, en el marco de la actuación preventiva, la Procuraduría General de la Nación planteó algunas observaciones al sustento técnico del Ministerio de Minas y Energía para la definición de los precios de los combustibles.
En comunicación dirigida al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, la procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, expuso consideraciones sobre las evidentes disparidades entre las condiciones económicas de Colombia y el mercado de combustibles de los Estados Unidos que le sirve como referencia, y sobre las contradicciones entre los argumentos técnicos del Ministerio y la realidad económica, social y ambiental del país.
Afirma la procuradora delegada que la política pública energética coadyuva en la fijación de precios de combustibles que, lejos de generar recursos para la población más vulnerable, causan un impacto que podría ser un lastre para el desarrollo económico.
Respecto al fundamento técnico que permite ligar la fijación de precios internos al precio internacional del petróleo WTI, denominado “costo de oportunidad”, es decir, cuánto le costaría al país importar petróleo si no tuviera cómo abastecer la demanda, la procuradora delegada afirma que mantener el “costo de oportunidad” desconoce la calidad de productor de crudo que tiene Colombia y destacó que las estadísticas de precios nacionales e internacionales evidencian que las fluctuaciones del precio del crudo WTI no se reflejan en el precio interno de los combustibles.
En este sentido también afirma: “Teniendo en cuenta que los hidrocarburos son un recurso natural escaso, “no renovable, proveniente del subsuelo que le pertenece a todos los colombianos y colombianas”, resulta irónico, por decir lo menos, que los dueños de tal recurso (…) deban acceder a él en condiciones totalmente desfavorables, aún comparándolas con las del mercado que sirve como referencia a la política de fijación de precios”. Indicó además que debe considerarse el impacto que tienen los precios de los combustibles sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.