El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció la salida de tres miembros de su ejecutivo, claves en la organización del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre y declarado ilegal por la justicia española.

El largo conflicto político se agudiza entre los dirigentes independentistas de esta región mediterránea con 7,5 millones de habitantes y el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, a menos de ochenta días de una controvertida votación que también genera tensiones internas en Barcelona, la capital regional.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Puigdemont informó que la portavoz del gobierno y consejera de la presidencia, Neus Munté, el consejero de Interior, Jordi Jané, y la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, "han decidido dar un paso al lado" sin dar explicaciones claras.

A estas bajas hay que sumar la destitución a principios de mes del consejero de Empresa, Jordi Baiget, que había dudado de la celebración del referéndum y reconoció tener miedo ante las repercusiones personales y familiares.

Los tres renunciantes estaban en el núcleo de los preparativos del voto: Munté en tareas de coordinación del ejecutivo, Jané al mando de la policía regional y Ruiz como responsable de las escuelas que acogerán parte de los circuitos de votación.

Los sustituirán dos independentistas convencidos y leales del partido nacionalista conservador de Puigdemont, Jordi Turull como portavoz y Joaquim Forn en Interior, y una economista independiente próxima al separatismo, Clara Ponsatí.

- "Purga de dudosos" -

"Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?", criticó Rajoy.

Su gobierno está dispuesto a impedir esta votación a toda costa. En los últimos meses se multiplica la presión judicial, con interrogatorios a funcionarios y empresas que colaboran con el gobierno y repetidas advertencias, e incluso algunas imputaciones a dirigentes independentistas.

Aun así, habrá referéndum, insistió Puigdemont. "Se nos hace difícil ver (...) cómo se puede impedir que millones de personas que quieren votar no vayan a votar", dijo.

Rajoy cuenta con el respaldo de los grandes partidos españoles, a excepción de la izquierda radical de Podemos, pero también le exigen una salida a años de tensión y auge independentista en Cataluña.

"Hay que reivindicar la ley, pero también la política y los puntos de encuentro", reclamó el líder socialista Pedro Sánchez, que presentó en Barcelona una propuesta de reforma constitucional para dar más autonomía a la región y buscar una solución intermedia entre "ruptura o inmovilismo".

Los catalanes están divididos: un 48,5% en contra de la secesión y un 44,3% a favor, según el último sondeo gubernamental. Aunque más de un 70% defiende un referéndum, muchos pueden decidir abstenerse si no se pacta con Madrid.

Aun así, el gobierno regional no piensa fijar una participación mínima para considerar válido el resultado y si gana el "sí", piensa proclamar en menos de 48 horas una república independiente en esta región que representa una quinta parte del Producto Interior Bruto (PIB) español.

- Vértigo -

La apuesta genera vértigo en algunos de dirigentes separatistas, según apuntaba la prensa los últimos días.

En el ambiente flota el ejemplo del expresidente regional Artur Mas y tres de sus colaboradores, a quienes el Tribunal de Cuentas puede reclamar los cinco millones de euros que costó la consulta simbólica sobre la independencia celebrada en 2014, pese a una suspensión judicial y por la que fueron condenados por desobediencia.

"Podría aguantar ir a prisión, pero no si van en contra del patrimonio, pensemos en la familia", dijo el destituido Baiget en la entrevista que provocó su cese.

Con esta remodelación, Puigdemont espera unir filas y agilizar la acción del gobierno.

A menos de ochenta días de la fecha clave, las tareas se acumulan: todavía no disponen de urnas, la ley para regular la votación no ha sido aprobada, tampoco cuentan con una junta electoral, y se desconoce cuál será el censo de la consulta.

En su comparecencia, el presidente regional anunció la centralización de estas tareas en el vicepresidente Oriol Junqueras, quien consiguió imponer que las decisiones relativas al referéndum se tomaran y se asumieran "de manera colegiada" por todo el ejecutivo, ante sus dudas por el compromiso de algunos compañeros.