Ejercer una vigilancia estricta sobre La Guajira y que se declare el Estado de cosa Inconstitucional, pidió la Procuraduría a la Corte Constitucional, al llamar la atención porque la crisis que afecta a la infancia de ese departamento, continúa y va en aumento.

Según señaló la procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, es necesario que se realicen compromisos por parte de todas las autoridades de La Guajira ante la Corte Constitucional por la evidencia de vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Es un departamento que tiene una problemática muy compleja, pero además está el sufrimiento, la miseria, la desnutrición que tiene rostro de niños, de familia y del pueblo wayuu”, afirmó la funcionaria al presentar el balance de gestión del Ministerio Público.

De igual forma, la Procuraduría insistió que en La Guajira se incrementó la crisis relacionada con la desnutrición infantil y programas de alimentación escolar, que necesita la intervención urgente y eficaz por parte de todas las instituciones del Estado.

 “No ha bastado que se haya decretado la medida cautelar para el pueblo wayuu, no han bastado las órdenes del tribunal, se pidió decretar estado de cosas institucional en La Guajira por la grave crisis” indicó.

Indicó que es tan dramática la situación que ni siquiera se sabe realmente cuanta población haya en esa región del país pues un censo habla de 900.000 personas pero cuando se realizó una “microfocalización se evidenció que quedaron por fuera cerca de 300.000 personas”.

La funcionaria señaló que en dicho departamento se adelantó un estudio titulado Pueblo Wayuu con hambre de dignidad, sed de justicia e insatisfacción de otras necesidades, donde se identificó la vulneración de algunos derechos que van en contra de la Constitución.

Añadió que en el departamento de la Guajira se están presentando problemas como la falta de agua, falta de cobertura en salud, falta de educación, desnutrición, entre otras problemáticas que han generado una crisis humanitaria y que requiere atención inmediata del Estado.

La Procuraduría, desde meses atrás adelanta una vigilancia a las acciones que el Gobierno nacional ha emprendido en La Guajira para enfrentar la crisis de hambre y sed al igual que en el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por parte de la CIDH a favor de la población wayuu.

Aseguró que no existen datos reales sobre la problemática humanitaria que afecta directamente a los niños y las poblaciones vulnerables en todo el país, que requieren de la atención por parte del Estado.

Señaló que fueron dos las cartas que se enviaron al presidente Juan Manuel Santos en donde se le indicaron los problemas en materia de financiación que se estaban presentando en los PAE.

“Es insuficiente atender problemática en materia de alimentación de 8 millones escolarizados y no sabes a cuántos se están atendiendo”, agregó la procuradora delegada.

Por otro lado, al presentar el informe de gestión anual entregado por la Procuraduría General de la Nación, la delegada señaló que es crítica la situación actual en el país.

 Hoyos puntualizó que hay tres departamentos que nunca entregaron el respectivo informe de infancia anual (Chocó, Bolívar y Cauca).

De igual forma, para el Ministerio Público es momento de ponerle el ojo al tema de juventudes, ya que según un informe hecho por la delegatura, el pandillismo cada día aumenta no sólo en el sector urbano sino en el rural.