La Unión Europea empezó ayer en Bruselas una cumbre tras haber alcanzado la víspera un acuerdo clave para los rescates bancarios, que se supone debe evitar que se ahonde la deuda pública, pero que ya cosecha críticas por su complejidad y una crisis de confianza entre los ciudadanos.

El expediente de la unión bancaria estuvo en negociación durante meses, pero ante la inminencia de las elecciones alemanas y luego la formación del gobierno de Angela Merkel, recién se halló un acuerdo el miércoles por la noche.

El acuerdo apunta a que los contribuyentes dejen de pagar de sus bolsillos cualquier crisis bancaria como la que desde 2008 tumbó a las economías occidentales y dejó a millones de personas sin empleo. Pero la crisis de confianza creada entre los ciudadanos debería tardar en resolverse.

El acuerdo alcanzado el miércoles por la noche fue sobre uno de los pilares de la unión bancaria, el denominado Mecanismo Único de Resolución (MUR), un sistema que permitirá cerrar o rescatar una entidad de la zona euro en dificultad sin castigar al conjunto de los ciudadanos.

La decisión de desencadenar un rescate bancario quedará en manos de las autoridades nacionales, como lo pretendía Alemania. Francia en cambio quería dar el poder de decisión a la Comisión Europea (CE, ejecutivo de la UE).

En noviembre la UE ratificó la creación del otro pilar de la unión bancaria, un mecanismo destinado a supervisar a los bancos de la zona euro y cuyo objetivo es prevenir eventuales dificultades. Esta supervisión la llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE).

El Parlamento Europeo debe ahora ratificar el pacto, pero ya fluyen las críticas sobre un sistema considerado como muy complejo.

"El mecanismo de resolución único no debe ser un mecanismo de resolución múltiple", advirtió el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que vaticinó "muy largas negociaciones" sobre este texto.

"Desde el momento en que se identifica un banco en riesgo por el supervisor hasta que se decide su eventual liquidación, es posible que el mecanismo exija que más de un centenar de personas se pronuncien", estimó Annalisa Piazza, analista de Newedge. Y ello pese a que los ministros de Finanzas presentan desde hace semanas este mecanismo como "algo simple y rápido" de ejecutar.

/AFP