La Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que se declare el magnicidio en el que perdió la vida el líder político Álvaro Gómez Hurtado como un crimen de lesa humanidad y, por consiguiente, la imprescriptibilidad de la acción penal.

Dicha solicitud la realiza el Ministerio Público dado que tras haber transcurrido 18 años desde la muerte del doctor Gómez Hurtado, los responsables del crimen, tanto intelectuales como materiales, hasta la fecha no han sido vinculados, procesados y juzgados, encontrándose la justicia colombiana ad portas de una eventual prescripción de la acción penal, acorde a la pena máxima a poner al delito para la época de los hechos. De igual forma se ve con preocupación que la justicia nacional esté frente un posible panorama de impunidad en este caso.

La Procuraduría señala que el crimen al dirigente conservador no respondió a una casualidad, a un accidente o a un acto aislado, sino que la realización de dicho ataque fue precedida de un conjunto de actos, reuniones y logística altamente sofisticada para la época, que implicó articular varios frentes a fin de alcanzar el éxito del plan criminal.

Igualmente, se indica que el político Álvaro Gómez fue privado del derecho fundamental a la vida y la población colombiana a los derechos a la paz, la tranquilidad y de libre formación y convicción de sus ideas, lo que conlleva elemental vulneración del derecho internacional, tanto por la cantidad o tamaño del grupo afectado, como por la naturaleza del grupo ofensor.