Partidos políticos con asiento en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, evalúan la posición que adoptarán en el debate que continúa esta semana. Cambio Radical y el Centro Democrático no la votarán.

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A medida que avanza la discusión en el Congreso, crecen los reparos a la ley reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz. Casi la gran mayoría de los partidos políticos se ha unido porque hay preocupación sobre lo que ocurre con esta iniciativa.

El debate desarrollado esta semana en las Comisiones Primeras dejó más preocupaciones que satisfacciones por parte de los congresistas tanto senadores como representantes. El senador Germán Varón reiteró que “con mucha preocupación, porque el Fiscal General dio a conocer algunos temas en donde nos genera inquietudes y donde creemos que tiene total sustento, pero además porque se habían hecho advertencias, que ya habíamos puesto de presente en las anteriores sesiones, temas como la elección de los magistrados, temas referentes a lo que tiene que ver con las circunscripciones especiales para la paz y en ese sentido nos genera preocupaciones que son válidas, y que nos pone en la obligación de no votar”.

Indicó además que “es una definición que tomamos en la Comisión Primera quienes conformamos esa célula por parte de Cambio Radical. Ya los temas son irreversibles, como es la elección de los magistrados”.

En el Partido de La U también hay preocupaciones de fondo frente al proyecto. En ese sentido el senador Manuel Enríquez Rosero manifestó que “el Partido de La U se va a reunir en bancada el próximo martes para tomar una determinación con respecto a este proyecto. La iniciativa tiene algunos temas que aún no están suficientemente claros, el señor Fiscal hizo unos reparos que están fundamentados y nos preocupa que tengamos que sacar una ley sin el suficiente análisis que este tema requiere, de tal manera que esperamos que la próxima semana ya con mayores argumentos de juicio podamos tener unas determinaciones”.

Dijo que le preocupan al partido temas como la delimitación de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El ponente de la iniciativa, Hernán Penagos, informó que “el Fiscal tiene unos argumentos muy fuertes, por ejemplo en el tratamiento de los bienes de los testaferros y los propietarios de esos bienes que aparezcan en el futuro, esas investigaciones debe hacerlas la Fiscalía General, también hay reparos de lo que será el comportamiento de los desertores, aquellos que se van de la JEP y terminen creando bandas criminales, debe quedar claro en la JEP que pierden  los beneficios”.

Dijo también que debe quedar clara la renuncia a la acción Penal, “que el día de mañana además de obtener un tratamiento especial, termine la sala jurídica bajándole la pena a una persona, lo que no es razonable”.

Entre tanto el senador del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya, aseguró que “el proyecto es complejo, denso, hay que analizarlo con mucha responsabilidad con la finalidad de enviarle a la Corte un documento que resista el examen de razonabilidad constitucional, entre otros temas a mí me preocupa la competencia amplia que tiene el tribunal”.

Anotó también que otra preocupación es la composición, ya que son más magistrados que la propia Corte Suprema de Justicia. Otro de los puntos que le preocupan es lo que tiene que ver con el límite en el tiempo, 10 años primero, 5 años después, “y luego queda al arbitrio de los nuevos magistrados, me late en la conciencia que ese será otro tribunal permanente”.

“Me preocupa el trámite de la acción de tutela para la revisión por parte de la Corte Constitucional”, dijo el senador Maya.

La senadora y exfiscal del Partido Liberal, Viviane Morales, expresó también sus preocupaciones, “las denuncias del Fiscal sobre los artículos de la JEP que son inconstitucionales, que son inconvenientes sobre la gravedad de este tribunal que tiene unas competencias tan amplias, y una duración en el tiempo delimitada, porque no solo son por 15 años, porque hay un artículo que deja abierto para que siga ejerciendo hasta la eternidad”.

Dijo además que “creo que hay que ponerle mucha atención al Fiscal General en esto, y creo que no es muy posible que haya negociación, pienso que las proposiciones del ente investigador no serán bien recibidas”.

Por su lado el senador Juan Manuel Galán resaltó que “pienso que las consideraciones que ha hecho el Fiscal son válidas, son serias, tienen rigor y deben ser analizas en el trámite de este proyecto”.

Sostuvo además que “yo me he concentrado en dos temas fundamentales relacionados con las víctimas, primero garantizar la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales, y en segundo lugar seguridad física a las víctimas porque las están asesinando en varias regiones del país”.            

Recogerán firmas

A su vez, la bancada del Centro Democrático, a la cabeza de la senadora Paloma Valencia, inscribió ante la Registraduría un comité para recolectar firmas y convocar a un referendo que tiene el objetivo de tumbar varios puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz como otros actos legislativos aprobados para la implementación del acuerdo final de paz con las Farc.

“Álvaro Hernán Prada, la senadora Paola Holguín y yo hemos radicado el comité promotor para recoger el 5% de las firmas del censo electoral para que convoquen a un referendo y los colombianos podamos rechazar la incorporación de estos acuerdos, la Jurisdicción Especial para las Farc y rechazar que esos acuerdos entren en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”, dijo Valencia.

En total, la meta sería recolectar alrededor de 1’785.000 firmas. Por el momento, la Registraduría tiene 15 días para decidir sobre la aceptación del comité y, una vez aprobado, los interesados deberán recolectar las firmas necesarias en seis meses.

Sobre este mismo tema el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que  “desconocieron el resultado del plebiscito, sustituyeron la Constitución, diseñaron una justicia en la medida de la impunidad para las Farc y tienen una gran cantidad de magistrados que han demostrado sesgos, que no son garantía de imparcialidad, que en su vida política o anterior han condenado injustamente a personas. ¿Con qué criterio van a ser los juzgadores? ¿Con qué criterio van a ejercer esa tarea?”.

Sostuvo también que “para el caso específico de los civiles y de los militares, el Centro Democrático propone retirarlos de la Justicia Especial para la Paz; y para los militares una sala de la Justicia Penal Militar, con magistrados de las Fuerzas Armadas que tengan el visto bueno, por ejemplo, de la Procuraduría, y que haya unos beneficios para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como lo hemos propuesto”.

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