Cada ocho días fue asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia durante el año 2011, indica un estudio presentado ayer por el Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia (Siaddhh) del Programa No gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos - Somos Defensores.

El estudio asegura que un total de 239 agresiones  individuales contra defensores se presentaron el año anterior, discriminados en 140 amenazas, 49 asesinatos, 6 desapariciones forzadas, 17 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 3 hechos donde el defensor(a) fue herido  y 1 casos de uso arbitrario del sistema penal. En 2010, la cifra fue mucho menor: 174 defensores agredidos, indica el informe.
“Los líderes indígenas, de restitución de tierras y víctimas están entre los defensores con mayor número de agresiones. Reaparece la desaparición forzada como forma de agresión. El elevado número de agresiones pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger a defensores y defensoras, muy a pesar de los avances normativos”, indica el estudio.
De estas 239 agresiones, el 77 por ciento fueron en contra de defensores y el 23 por ciento contra defensoras, explica. Añade que en promedio, cada 36 horas fue agredido un defensor y cada 8 días fue asesinado uno de ellos.
En cuanto a las zonas en las que se presentaron estas agresiones, el mapa se transforma. Situaciones como la de Antioquia, Valle del Cauca, Sucre, Atlántico, Risaralda y Caquetá llaman la atención, en la medida que en 2010, estos departamentos no reportaron un número tan elevado de agresiones y se denota un incremento significativo en la violencia contra líderes y defensores. Antioquia, Sucre y Córdoba por una parte y el Suroccidente (Valle, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo) por otra, son las zonas más preocupantes.
Del total de casos registrados, el 50 por ciento fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares o mal llamadas ‘Bacrim’.
“Estas cifras consolidan la preocupación del Programa Somos Defensores en 2012, debido a la lentitud en la respuesta efectiva del Estado frente a las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos, más aún cuando se han creado nuevas instituciones y decretos para regular y mejorar los mecanismos de protección”, indica el informe.