Son crecientes las constantes amenazas a las personerías, fenómeno que se presenta desde poco hace más de un año. A la fecha, hay reportes en este sentido por parte de 162 representaciones del Ministerio Público en diferentes regiones del territorio nacional.

Así lo señaló la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper), que mostró su preocupación y repudio por esta situación que afecta al 15% del total de personerías que hay en Colombia. Se reportan casos de este tipo en departamentos como Casanare y Boyacá.

Fenalper señaló en un comunicado que “rechaza las constantes y persistentes amenazas de las que han sido objeto las personerías municipales del país. Este tipo de actos no hacen sino vulnerar los derechos que como funcionarios públicos y sobre todo como ciudadanos, los personeros y personeras del país tienen”.

Añade el organismo que a diario las personerías municipales se enfrentan a múltiples retos y dificultades en el ejercicio de sus funciones. “Su labor en los municipios como garantes y defensores de los derechos humanos y de las víctimas los constituye en una institución indispensable y fundamental en la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables y apartadas del país”, dice.

Señala también Fenalper que las personerías municipales por naturaleza son instituciones con vocación comunitaria y social cuyo único objetivo es atender las necesidades, denuncias y requerimientos de la comunidad, “lo que en ningún momento significa  tomar partido por una determinada opción política o ideológica, ni mucho menos por alguno de los involucrados en el conflicto armado del país”.

Medidas de protección

En el año 2013 la Unidad Nacional de Protección  recibió 14.956 solicitudes de protección, un 17% más que en al año 2012.  De esta cifra el organismo autorizó 13.959 evaluaciones de riesgo individual, 7.705 de las cuales fue a servidores públicos, el 1% de éstos a personeros.

Fenalper explicó que dado el creciente número de reportes de amenazas, ha establecido una relación constante y directa con la Unidad Nacional de Protección con el fin de abordar cada uno de estos casos y de diseñar una ruta más eficiente y permanente para atenderlos.

De igual manera, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se ha realizado una labor en las regiones que permita identificar riesgos y alternativas en materia de protección a través de las cuales se logre abordar más eficientemente este fenómeno.

“Si bien esta labor ha permitido dar un mejor trámite a los casos de las personerías municipales, además de sentar las bases para una herramienta de análisis de riesgos, el llamado desde la Federación es a que cese de inmediato cualquier tipo de acción o amenaza que atente contra la integridad personal y familiar de los personeros y personeras municipales. Sumado a esto, es indispensable y prioritario que tanto las autoridades del orden nacional como en los territorios expresen un permanente respaldo institucional a las personerías, hecho que indudablemente contribuirá a reducir el riesgo al que están expuestos a diario las personerías municipales”, dice Fenalper.

Por estos hechos han tenido que sacar de sus territorios a varios personeros para protegerles su vida, explicó esta asociación.

Actores armados

Andrés Santamaría Garrido, personero de la ciudad de Cali y presidente reelegido de Fenalper, dijo a EL NUEVO SIGLO que algunos grupos armados irregulares “están poniendo como objetivo militar  personerías y personeros”, especialmente por la labor misional que desarrollan de promoción de los derechos humanos.

Añadió que hay un incremento en el número de las amenazas a las personerías y los personeros provenientes de las Farc, Eln y bandas criminales. “Y a medida que los personeros están actuando en la defensa de los derechos humanos, dando opiniones, dando promoción, se están generando más amenazas”.

Si bien la labor de promoción de los derechos humanos que desarrollan las personerías en todo el país sería el principal motivo para las amenazas en su contra que se han producido, Santamaría consideró que “hay que coger caso por caso, no creo que haya un común denominador. Lo que puedo decir es que de pronto algunos grupos han tomado mayor control territorial en algunas zonas del país donde hay presencia e institucionalidad con personerías, entonces sienten que esas voces son dañinas”. 

Hace dos años, Fenalper junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, aplicaron una encuesta a 680 personeros presentes  en la IV Asamblea Nacional de Personeros, con el objetivo de recopilar información para hacer un diagnóstico referente a las capacidades y las condiciones de infraestructura, recursos técnicos y tecnológicos, logística y talento humano de estas entidades, así como los adecuados recursos presupuestales para desarrollar los roles atribuidos por la Ley 1448 de 2011.

Además esa encuesta abordó el tema de las condiciones de seguridad que tienen los representantes del Ministerio Público para desarrollar sus funciones en las regiones. Frente a lo cual se pudo determinar en esa oportunidad que el 28% de los personeros del país se encontraba amenazado, vivía en constante riesgo y en peligro de ser víctima de atentados y hostigamientos.

Los personeros que señalaron estar amenazados o en zonas de alto riesgo manifestaron que las amenazas provienen de la guerrilla en un 34,2 %; paramilitares en 5,4%; Bacrim 3,6 %; persecución política 3,6 %, particulares 12,6 %, no se identificó de dónde provienen 34,2 %, todos los actores del conflicto armado (Bacrim, guerrilla, paramilitares) 7,2 %.

También en dicha encuesta los personeros denunciaron que la presencia cercana de grupos al margen de la ley de los municipios impiden el desplazamiento de los funcionarios a veredas y corregimientos, limitándose únicamente a ejercer sus funciones en el casco urbano, no hay garantías para realizar visitas a la zona rural.

En el actual periodo de gobiernos municipales y distritales (enero 2012-diciembre 2013) han sido asesinados dos personeros. Uno de esto casos corresponde al personero del municipio de Caloto, departamento del Cauca, Juan Manuel Jaramillo, a quien le dispararon al interior de su residencia en mayo de 2012.

Las autoridades indicaron que lo que en un primer momento se trató de mostrar como un suicidio, realmente se trató de un crimen, el cual hasta la fecha se mantiene en la impunidad. Una de las hipótesis que manejan las autoridades para explicar este asesinato es que Jaramillo había denunciado varios supuestos actos de corrupción de la anterior administración de Caloto.

Este hecho mostraría que si bien la mayoría de las amenazas contra personeros provienen de los actores armados irregulares, también la función de control que ejercen sobre funcionarios por su calidad de ser representantes del Ministerio Público los puede poner en la mira.

Ley de Víctimas

La aplicación de la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido otro factor que ha influido para poner en riesgo la vida de los personeros, la reparación de las víctimas y especialmente en el tema de la restitución de tierras se manejan muchos intereses, sobre todo si es en zonas donde el conflicto aún está presente. Así mismo, los procesos y las investigaciones que adelantan en cumplimiento de sus funciones han representado peligro para los personeros.

La Ley de Víctimas le dio un papel principal a las personerías en cuanto al acompañamiento a los afectados que reclaman ante el Estado la restitución a la que tienen derecho.

Esta norma es la apuesta más grande que ha hecho el país para reparar a las víctimas del conflicto armado a partir del año 1985, proceso que se debe cumplir hasta el año 2022. En ese sentido la Ley1448 de 2011  le da a las personerías un papel clave en el engranaje institucional que se diseñó para apoyar y acompañar a los afectados por el conflicto para que puedan materializar su derecho a la restitución.

Dicha Ley establece que dentro de los procesos judiciales las víctimas tienen derecho a información de asesoría y apoyo por parte de diferentes entidades, entre éstas las personerías. Igualmente, dentro del proceso judicial y después de que se declare la responsabilidad penal de la persona natural o del representante de la persona jurídica, a solicitud del personero o del fiscal el juez abrirá un incidente de reparación especial sin necesidad de que se individualicen las víctimas.

También en el evento que se presenten atentados terroristas y desplazamientos masivos, la personería deberá acompañar a la secretaría municipal en la elaboración del censo de los afectados.  Además las personerías están encargadas de recibir la declaración de las personas desplazadas a partir del 1º de enero de 1985, lo que permitirá que sean incorporadas al registro único de víctimas.

Sin embargo, las personerías han reclamado que no tienen los suficientes recursos económicos y logísticos para cumplir a cabalidad el papel como puerta de entrada de las víctimas al sistema de reparación. Esta situación se presenta, aseguran, especialmente en las personerías de municipios de quinta y sexta categoría, que no cuentan con los instrumentos que le permitan prestar una adecuada orientación y atención a las víctimas del conflicto armado, demandando con esto mayor capacitación y guías, así como cualificación en el ejercicio de otras de las funciones que se desprenden del referido marco jurídico.