La crisis alrededor de la sede de la Contraloría General de la República en la capital del país no termina.

Ayer el jefe del ente de control fiscal, Edgardo José Maya Villazón, reveló que los responsables de las instalaciones en donde venía funcionando la entidad, en el edificio Gran Estación, en el centro de la ciudad, no recibirían el inmueble porque hay una cláusula dentro del contrato de arrendamiento (que venció el pasado 31 de diciembre) en donde se obliga a la institución oficial a entregar el predio en obra gris. Es decir que deben retirarse todos los aditamentos inmobiliarios que se adecuaron para que funcionara allí la Contraloría. Obviamente cumplir esa exigencia en corto tiempo es muy complicado para la entidad.

Maya Villazón reiteró que a esa exigencia se le suma una cláusula que exige el pago de 34 mil  millones de pesos por terminar el contrato antes de 10 años.

Todo esto hacía muy difícil prorrogar el contrato de arrendamiento, tal como lo proponían los titulares del predio, lo que lo llevó a que la Contraloría lo demandara para que un Tribunal de Arbitramento determine qué tan legales pueden ser esas exigencias. Se espera que la próxima semana una instancia de la Cámara de Comercio de Bogotá aborde el caso.

“Los arrendadores no van a recibir el inmueble ni ahora, en febrero, en marzo, ni en abril, porque la cláusula del contrato que se demanda dice que si se termina antes de 10 años deberá pagar lo que equivale a $34 mil millones de pesos, y porque dice que la Contraloría debe llevarse puertas, escritorios, paredes. Entregar el inmueble en obra gris, eso es un imposible”, reiteró el alto funcionario.