El procurador, congresistas y hasta el propio líder de Farc, Timochenko se encuentran en contra de la venta de la generadora de energía. Mientras tanto el ministro de Hacienda dijo que Isagén se venderá así haya una sola oferta.
El retiro de la eléctrica chilena Colbún, uno de los interesados en comprar la participación el 57,6 por ciento de las acciones del Gobierno en la generadora de energía Isagén, deja como único oferente al fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management.
Al respecto, la Fiscalía brasileña lleva varios años con la lupa puesta sobre Brookfield desde el 2012 por presuntamente haber pagado sobornos para ganar permisos de construcción se concretó en el 2013.
Por otro lado el ministro de Hacienda, Mauri8cio Cárdenas Santamaría afirmó que “el reglamento operativo de la subasta permite que haya un solo oferente. Se puede adjudicar con una única oferta, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones”.
Procurador advierte a presidente Santos sobre inconveniencia de venta de Isagen
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió al presidente que la venta de Isagen podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedente en la historia del país.
La venta de Isagen no “es un buen negocio” expresó el procurador en la misiva enviada al jefe de Estado, en la además señaló que si bien el precio fijo por acción de $3.178 (definido por Decreto en el año 2013) se ajustó basado en el índice de precios al consumidor (IPC), el mismo no equipara la variación en términos de pagos en divisas que se estimó en la estrategia de venta, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento para el tesoro nacional.
En consecuencia, a juicio del Ministerio Público, si el Gobierno Nacional insiste en vender ISAGEN en las actuales condiciones “(…) se perderían dos billones trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinte pesos ($2.376.238.513.920), que representan el 0,46 dólar menos que se pagaría por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno Nacional en el año 2013” (sobre la base de 1.571.919.000 de acciones).
En su misiva el procurador se refirió además a los impactos de este proceso planteados por la Contraloría General de la República y específicamente a la presión que este proceso generará para las finanzas públicas, teniendo en cuenta el monto de los dividendos que dejará de percibir anualmente para la financiación del gasto público. En ese sentido, agregó que la pérdida de dichos ingresos, y su falta de sustitución por activos productivos que permitan el retorno inmediato de inversión, podrían generar el cobro de más impuestos a los ciudadanos.