La polémica por el proyecto de ley de tierras sigue, luego de que se anunciara en varios sectores que la iniciativa sería tramitada a través del fast track en el Congreso de la República. Las voces del empresariado se han hecho escuchar en contra del proyecto de ley al que califican de ir en contra de la propiedad privada.

Sin embargo, el Gobierno Nacional determinó que el proyecto será presentado por la vía ordinaria al Congreso de la República para un debate de cara al país.

Así lo planteó el secretario general de la Presidencia de la República, Alfonso Prada. Dijo que el proyecto de tierras se ha socializado con diferentes sectores del aparato productivo del país para conocer su punto de vista y hay claridad sobre el respeto de propiedad privada.

A pesar de ello, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper dijo a EL NUEVO SIGLO, que acogiendo varias de las propuestas recibidas durante los foros regionales de socialización de la Ley de Tierras, el Gobierno nacional tramitará por Decreto-Ley todas las disposiciones urgentes y necesarias para dar cumplimiento inmediato al punto uno del Acuerdo de Paz.

Esta propuesta fue presentada esta tarde ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.

Dentro de los asuntos más relevantes que están consignados en este Decreto-Ley se encuentra la creación del Fondo de Tierras, la posibilidad de titular predios en Zonas de Reserva Forestal, y la simplificación y unificación de los trámites. Lo más importante es que brinda instrumentos para dotar con tierra a los campesinos que no la tienen o que no tienen suficiente para sostener a su familia.

Luego de la presentación de la iniciativa Samper señaló que “la tierra ha sido uno de los detonantes del conflicto armado en el país. Por eso hoy juega un papel protagónico en la consolidación de una paz estable y duradera y por eso el acceso a la tierra para las familias vulnerables del campo es tan importante como el Acuerdo mismo. Estamos muy contentos y satisfechos con los resultados de las socializaciones porque logramos que el país hablara de tierras y que esta discusión se convirtiera en prioridad no solo para los medios de comunicación y los líderes de opinión, si no para todos los sectores que tienen interés en el asunto”.

Destacó la creación del Fondo de Tierras, y dijo que Las tierras que conformarán esta entidad respetan la propiedad legítimamente adquirida que se viene aprovechando como ordena la Constitución de Colombia desde el siglo pasado.

El Decreto no crea ningún nuevo mecanismo para gestionar los derechos de propiedad o para acopiar estas tierras; respeta los derechos adquiridos y responde a las especiales necesidades del territorio.

Para Samper los grandes beneficiados son los trabajadores y las asociaciones con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente en especial víctimas, mujeres rurales y población desplazada. Las organizaciones cooperativas del sector solidario, las personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento, tal y como se acordó, el Decreto ley prioriza a las mujeres y a las víctimas del conflicto armado dentro de los beneficiaros.
Señaló el funcionario que “es un instrumento para implementar la política de formalización de tierras de manera organizada e informada, así como priorizar a las personas con más necesidad de tierras en el campo”.

Mediante el RESO se permite identificar adecuada y transparentemente a todos los tenedores de tierras en el país y formalizar sus derechos. Igualmente permite priorizar a los beneficiarios del Fondo de Tierras. Es decir, se usa para asignar los puntajes y priorizar la fila de quiénes serán los beneficiarios del Fondo.

Hoy existen 52 procedimientos que no proveen la información, economía y celeridad necesarias para la toma de decisiones en materia de acceso y formalización de tierras. El procedimiento único disminuye y agiliza los trámites para formalizar y adjudicar tierras, aborda las situaciones problemáticas sobre la tierra teniendo en cuenta la participación de los pobladores rurales y las realidades específicas de cada territorio, proveyendo soluciones que garanticen la no repetición de violencia por disputas sobre la tierra. Los procesos agrarios pasarán a los jueces para su decisión. Además, se construyen participativamente planes de ordenamiento social de la propiedad mediante atenciones focalizadas y por barrido predial.

Posición empresarial

Desde la otra esquina de la opinión, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie señaló que el proyecto de tierras no soluciona los problemas sobre el tema en el país

El dirigente gremial señaló que el proyecto proclama una transformación estructural de la realidad rural del país con equidad, igualdad y democracia, pero no explica en qué consiste ese “revolcón” en términos de las variables objetivas que modifiquen el atraso social y productivo del campo colombiano.

Dijo que “yo creo que el campo no puede seguir siendo un instrumento demagógico de ciertos sectores que creen que lo pueden tener como bandera. La gran diferencia que yo he tenido a lo largo de estos años con el Gobierno, es que incorporó en la negociación un solo sector económico, el sector rural, ¿con qué argumento?, porque había que entregarle alguna cosa a las Farc y le entregó al sector rural. El sector rural no puede seguir siendo el botín de guerra de la visión estratégica con el cual el país eventualmente puede tener un desarrollo sostenible.

Sobre la forma como se ha dicho que el proyecto afecta la propiedad privada el presidente de los ganaderos señaló que “perturba la propiedad privada, porque le otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para que extinga el dominio. Expropiar indica indemnizar, extinguir es la sanción que le impone el Estado a un particular cuando la tierra ha sido obtenida de manera ilícita. Además el proyecto sería aprobado muy probablemente a través de un Decreto con fuerza de Ley y no a vía Congreso- fast track.

Para el dirigente sindical, “este proyecto es muy similar a la Ley de Reforma agraria que Chávez tramitó vía ´facultades habilitantes´. Las similitudes entre la Ley venezolana del 2010 y la que se pretende aprobar en Colombia en el 2017 para cumplirle a las Farc es impresionante”.