Crece la audiencia. Cuando el ex diputado Sigifredo López trasegó por la calle de la amargura, por culpa de los falsos testigos, descubrió que esta podría ser la tabla de salvación para millares de inocentes que purgan penas por cuenta de quienes venden los testimonios. Se encontró, entonces, con una bomba de gran poder que había fragmentado a la justicia colombiana.
Comprar e ir a la cárcel. A propósito, con este sugestivo título, el columnista Juan Guerra les hace una pregunta a todos, porque ya en Colombia la mayoría tiene capacidad de compra y claro, de venta: ¿Si usted compra algo por comprar, termina en la cárcel? Pues eso puede pasar y está pasando.
Por lo menos le pasó a Mary González, que compró una casa y terminó enredada en la Fiscalía porque el vendedor era alguien que vendía lo que no le pertenecía; le pasó también a Yeny Gutiérrez, a quien le suplantaron su identidad y ahora tiene 300 procesos legales pendientes ; y le pasó a Dilian Francisca Toro, senadora, que está presa porque, según la Corte Suprema, como miembro de una empresa inmobiliaria aprobó la compra de una finca -a través de un crédito- que, según ese tribunal, pudo pertenecer en el pasado a un narcotraficante.
Los detalles. La senadora conformó con su cuñado y su marido una empresa, hace años, llamada Ceiba Verde. Julio, el marido y Representante Legal de la empresa, es un buen negociante y alguna vez le ofrecieron una finca cañera en el Valle del Cauca. Como no tenían la plata para comprarla, recurrieron al Banco de Colombia para que les prestara los casi mil millones de pesos que valía. Presentaron los papeles del crédito y les esculcaron hasta el apellido. Después de innumerables reuniones de los genios del crédito y estudio riguroso de todos los títulos, les prestaron la plata y procedieron a comprar poniendo el propio predio como garantía para el banco.
Unas hijuelas. La finca fue adquirida al tercer propietario de una hijuela de la sucesión Becerra Navia; se mejoró el predio, como ocurre en estos negocios, y después de algunos años se le vendió a un ingenio azucarero, reconocido a nivel nacional e internacional. Otro ingenio también compró dos fincas por la misma época en que la empresa de la senadora hizo el negocio, con idéntica tradición.
Hoy la senadora está presa porque, según la Corte Suprema, la finca pudo tener por dueño en la época del diluvio a un mafioso. Imagínense. Y, según la Corte, lo debían saber Dilian, su cuñado y su socio-esposo.
Con la senadora en la cárcel han pasado por los tribunales todos los que supuestamente fueron dueños de la finca. Nadie ha podido señalar a la señora como socia o testaferra de los mafiosos. Sin embargo, sigue presa. Hasta los miembros del sonado “cartel de los testigos” han dicho que no conocen a la Doña. A Juan Guerra le parece que su delito es otro: el de ser senadora que en Colombia es de lesa humanidad.