Voces de protesta por la forma y fondo del proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno al Congreso, se siguen escuchando entre algunos legisladores luego que la Contralora General manifestara que los recursos del sector serían privatizados.

La más reciente apreciación provino del senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo, quien a través de una entrevista con  el diario La Nación del Huila, el congresista aseguró que la iniciativa empezó “muy mal porque es el principal proyecto y empezó con una falsedad monumental”.

Robledo sostuvo que  “como cuando el presidente Santos dijo que la reforma acababa con las EPS y eso no es cierto. Como tampoco acaba con las intermediaciones financieras, el truco es que les cambian el nombre porque es un nombre desacreditado, pero todo sigue igual la misma intermediación, los mismos parásitos de la banca”.

En su opinión, la reforma a la salud “la reforma se dirige de verdad es a mejorarle el negocio a las EPS, comenzando por volver casi imposible usar la tutela para que volvamos al viejo POS de 1993 y se acaben los derechos del llamado no POS”.

Es decir, dijo, “después de la reforma vamos a tener menos derechos en salud que los que tenemos hoy”.

Opinión compartida por el también senador Mauricio Ospina quien preguntó si “¿con la propuesta del Gobierno realmente se solucionarán los problemas que a lo largo de 20 años han padecido y denunciado los colombianos? ¿Legalizaremos con esta reforma las rentas inmerecidas de las EPS hoy Gestoras?”.

Para Ospina, aún no es claro si con el proyecto “definitivamente vamos a solucionar los  problemas de los colombianos o vamos a legislar a favor de los grandes emporios económicos”.

Otra denuncia

En ese sentido, la representante Gloria Stella Díaz denunció que la iniciativa tiene ‘micos’ ya que cuenta con dos artículos que perjudicarían los procesos judiciales.

“La reforma no castiga a quienes se enriquecieron con los dineros de la salud, pues otro de los artículos contempla que estas empresas podrán participar en procesos de promoción y afiliación”, dijo.

Añadió que “una de las funciones de los gestores de servicios de salud será apoyar a SaludMía (fondo único de recursos de la salud) en procesos de afiliación y recursos”, señaló.

Además, explicó que “ningún ente podría entrar a fiscalizar (…) Todas las investigaciones que vienen adelantándose por la malversación de los recursos se caerían y no podemos mandar un mensaje equivocado a la sociedad, a todos aquellos que acostumbran a hacer con los recursos del erario público lo que quieren. Es un mensaje de impunidad”.

Cuestionamiento de la Contraloría

Hace pocos días la contralora, Sandra Morelli fue enfática en decir que hay apartes en el texto de la reforma a la salud que serán revisadas más minuciosamente ya que “preliminarmente puedo decir que hay normas que nos inquietan. Yo estoy revisando con particular cuidado lo que tiene que ver con la naturaleza del recurso, al parecer una vez entrega el recurso al operador de salud este se vuelve privado”.

Para la Contralora, “esta es una propuesta que requiere realmente una reflexión mucho más profunda porque implica un desconocimiento del mandato constitucional, porque va en contravía de la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado”.

A su turno, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defendió la iniciativa al decir que “debe permitirse a las nuevas gestoras, una utilidad, de lo contrario se estaría impidiendo la participación de privados en el Sistema de Salud”.

Afirmó que la reforma plantea que, “al finalizar una vigencia, si existe algún excedente debe, primero, usarse para constituir una reserva y, después, transferirse al GSS como utilidad”.