Los congresistas Jorge Enrique Robledo, Alexánder López, Jorge Prieto y Germán Navas Talero y el exrepresentante Wilson Arias demandaron por inconstitucional la Ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Económico, Zidres, porque según ellos viola la Constitución. Argumentan que desconoce la cosa juzgada en materia de acceso a la tierra de los campesinos sobre la que se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-644 de 2012, a raíz de una demanda presentada por Robledo y Arias, y en la que queda claro que los baldíos deben estar destinados exclusivamente a los campesinos sin tierra.

Según el senador Jorge Enrique Robledo, “es evidente que quieren decir lo mismo ‘otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad’ (Plan Nacional de Desarrollo) y ‘cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio’ (Ley de Zidres), formulación que apunta a ocultar que esos baldíos, que antes de la Ley solo se les podrían entregar para su goce efectivo a los pobres del campo y en áreas limitadas a las de una UAF, ahora podrán serles entregados a cualquier magnate nacional o extranjero y en áreas de cualquier extensión”

Agregó el congresista que “además de pasar por encima del precedente constitucional la Ley de Zidres viola el principio de progresividad en materia de derechos sociales, pues incorpora medidas regresivas en contra de la garantía constitucional de promover el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios. Las Zidres también plantean una relación desigual entre el magnate y el campesino, al cargar sobre estos últimos los riesgos de la operación. En palabras del senador Robledo “las Zidres vuelven a los campesinos unos siervos del siglo XXI”.

Entre tanto el representante conservador Arturo Yepes, dijo que “es una demanda ideológica, naturalmente que al Polo Democrático, especialmente al senador Robledo y a la izquierda del país les parece que el modelo Zidres no debe ser, porque no les gusta que el capital privado se asocie con los campesinos”.

Indicó que “argumentan ellos que eso les genera una cierta posición dominante al capital privado, ellos creen que debe ser solo el Estado, que el Estado aporta el dinero y los campesinos aportan el trabajo”.

Anotó Yepes que “el problema es crisis fiscal, eso sería lo deseable, si el petróleo siguiera a  110 o 115 dólares el barril, y por lo tanto Colombia tuviera recursos suficientes para apalancar esos procesos, como en el pasado lamentablemente, de manera equivocada hizo el gobierno de Uribe con Agro Ingreso Seguro, cuando había dinero”.

Indicó que “con la caída del precio del petróleo las rentas nacionales han bajado cerca de 30 billones de pesos, y el recurso apenas alcanza para mantener los programas sociales permanentes como familias en acción, como el programa de red unidos, entonces lo que hay que hacer es acudir al capital privado”.

“Será finalmente la Corte Constitucional la que defina si privilegia la ideología de izquierda o simplemente permite que la función social de la propiedad se verifique en este caso con aporte del capital privado en equipo con los campesinos para generar progreso en el campo y para ser productivas vastas zonas del país que hoy no lo son”.