Con el objetivo de mejorar las competencias en control fiscal de sus servidores y funcionarios públicos en el nivel nacional y territorial, el contralor Edgardo Maya está impulsando crear la Unidad Administrativa Especial Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF). La iniciativa de ley ya recibió luz verde en el Senado de la República y ahora será materia de estudio en la Cámara de Representantes a partir del 16 de marzo próximo, arrancando por la Comisión Primera en lo que será su tercer debate.

En ese sentido la Contraloría General de la República explica que se ha propuesto como meta y estrategia fundamental, el fortalecimiento de la capacidad técnica de la entidad y de sus servidores y la contribución al mejoramiento de las competencias técnicas de los funcionarios públicos que en las demás instituciones del Estado tienen a su cargo tareas de vigilancia de la gestión y control, así como de organismos territoriales homólogos y de particulares relacionados con el ejercicio del control fiscal, “propiciando espacios incluyentes de la más alta calidad que se aproximen al conocimiento de frontera y permitan, de una parte, aprender de las buenas prácticas que expertos y organismos similares de otros países han desarrollado en materia de vigilancia de la gestión y control fiscal, y de otra, consolidar, compartir y proyectar el conocimiento que continuamente construye y genera, altamente especializado, acuñado a lo largo de más de sesenta años de existencia”.

La creación de la IAEF es uno de los principales objetivos que se trazó Edgardo Maya al llegar a la Contraloría, después de desempeñarse como Procurador General de la Nación. En ese propósito el proyecto que radicó el 11 de agosto pasado es la primera iniciativa de ley que hace llegar al Parlamento en lo corrido de su periodo de cuatro años.

La IAEF en el ámbito educativo de su competencia tiene como objetivo realizar y fomentar la investigación que soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la formación de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, propendiendo por la consolidación de una cultura de la ética y los principios del Estado Social de Derecho, así como por la preparación de personal altamente calificado, en todos los niveles, en control y vigilancia de la gestión fiscal.

Para ello podrá desarrollar y ejecutar proyectos de investigación, programas de estudio, formación, preparación y actualización permanente relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, indica el proyecto de ley.

Vale señalar que la Contraloría General de la República, como entidad fiscalizadora superior del Estado y en virtud de la particularidad de sus competencias misionales, también ha tenido asociadas unas funciones de naturaleza educativa, orientadas a la capacitación y formación del talento humano tanto de este órgano de control como de los funcionarios de los entes territoriales encargados de esas tareas, lo cual le ha exigido históricamente contar con una dependencia responsable del desarrollo de dichas funciones.

Esta instancia de formación y capacitación tiene una trayectoria que se inició hace ya 60 años, durante los cuales, a medida que se ha incrementado la complejidad de sus campos de acción, también ha cambiado sus denominaciones, entre las que se cuentan las de Escuela, Centro de Estudios, Instituto y, actualmente, Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

Unidad administrativa especial

La iniciativa de ley implica la modificación de la actual estructura de la Contraloría General de la República, contenida en el Decreto-ley 267 de 2000, pues sería suprimida la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional, la cual le daría paso a la IAEFcomo una unidad administrativa especial sin personería jurídica, adscrita a la Contraloría General.

El contralor Maya explica en su proyecto que la ley prevé la figura de unidad administrativa especial para permitir “una organización y unas atribuciones especiales para un accionar determinado, manteniendo la dependencia de una entidad estatal, como una forma intermedia para optimizar la prestación de determinados servicios”.

En ese sentido justifica que “con la propuesta del proyecto de ley se busca trascender de una función de capacitación manejada por una dependencia de la Contraloría General de la República, que cumple funciones de apoyo, a un organismo que a partir de la investigación pueda formar en control fiscal no sólo a sus funcionarios sino a otros actores sociales, lo cual permitirá su preparación para contribuir con una mayor eficiencia del Estado”.

En Colombia la organización de unidades administrativas especiales ha cobrado importancia, como una forma de trabajo especializado que sin quebrar el vínculo con la respectiva entidad oficial que les da origen y a la cual se adscriben, permite un manejo autónomo y eficiente para abordar temas de interés público, explica la Contraloría.

En lo concerniente a los costos que implicaría la operación de la IAEF, el proyecto de ley es claro en señalar que no se generan costos adicionales en la planta de personal de la Contraloría, puesto que se homologa el cargo de la Dirección de la actual Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, con el cargo de Director de la Unidad Administrativa Especial sin Personería Jurídica (IAEF), que conforme con el carácter especial que tiene la planta de personal de la Contraloría General de la República puede crearse con el mismo Grado 4 para no alterar el costo establecido para dicho empleo.