La creación  de un PIB Verde y una Corte Ambiental son dos proyectos de ley que ocuparán parte del debate en el Congreso de la República.

La primera iniciativa fue radicada por el representante por Atlántico, Mauricio Gómez, del Partido Liberal, mientras que la segunda es una apuesta de la bancada de Opción Ciudadana y algunos parlamentarios liberales y La U.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Ambiental, el 85 por ciento de los sondeados considera que el medio ambiente en el país es regular, o en su defecto, malo. También, el documento señaló que en Colombia el tema ocupa el quinto lugar en la lista de preocupaciones de los ciudadanos.

La primera iniciativa sobre el PIB Verde tiene como objeto establecer un inventario de bienes y servicio ecosistémicos en Colombia que permita la identificación, cuantificación y valoración, de la oferta en materia de bienes y servicios ecosistémicos en Colombia. Así mismo, define y delimita la valoración económica ambiental como un mecanismo de control, seguimiento y monitoreo de estos que regulan los recursos naturales en el territorio colombiano.

Dentro del articulado de la iniciativa se explica que los bienes y servicios, para efectos de esta ley, serán las fuentes hídricas, bosques, páramos, reservas forestales, áreas agrícolas, áreas ganaderas, parques naturales, humedales, reservas indígenas, títulos mineros, selvas, territorios ancestrales, especies animales que habitan en los diferentes rincones del país y en general todo aquel recurso natural propio del territorio colombiano que pueda ser valorado económica y socialmente y, cuantitativa y cualitativamente. De igual manera deberán formar parte de este inventario las zonas en recuperación.

De aprobarse este proyecto, el Gobierno nacional deberá iniciar un trabajo de valoración de todos los bienes y servicios ambientales de país de manera cualitativa y cuantitativa.

“Para este fin el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales de todo el país trabajarán conjuntamente para establecer las políticas, las metodologías, el orden de los bienes a valorar y la consolidación de la información en una sola base de datos.

Estas entidades deberán cumplir con los siguientes propósitos: 1. Determinar e identificar el tipo de recurso natural y los ecosistemas con que cuenta cada región del país.2. Determinar las características del bien o servicio ambiental y del recurso natural teniendo en cuenta su estado actual y su nivel de conservación.3. Inventariar el bien o servicio ambiental o recurso natural de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno nacional. 4. Ubicar el bien o servicio ambiental o recurso natural a fin de tener control sobre el territorio.5. Evaluar el impacto social, ambiental y económico teniendo en cuenta las externalidades generadas.6. Conciliar el valor del bien, servicio o recurso ambiental de acuerdo a las diferentes metodologías aplicadas.7. Determinar el costo de las actividades de desarrollo en el país y los accidentes que comprometan el medio ambiente.

Corte Ambiental

Sobre la Corte Ambiental, dice la iniciativa del proyecto, es un órgano jurisdiccional administrativo encargado de resolver los conflictos ambientales y de los recursos naturales y todas las normas relacionadas, favoreciendo así el principio de acceso a la justicia en materia medioambiental a todos los colombianos.

“El Poder Judicial y la Corte Ambiental Nacional tienen la responsabilidad de exigir el cumplimiento de las normas sobre conservación y protección ambientales y de contribuir con sus decisiones a la consolidación de los principios fundamentales del derecho ambiental. En tal sentido, la administración de justicia es un elemento fundamental para la acción del Estado”, agrega el texto.

De igual forma, indica que “su relevancia se incrementa en tanto debe ser útil a la gente para hacer valer sus derechos, en este caso, el derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida. Esto trae como supuesto que el sistema de administración de justicia sea accesible para todos y que produzca resultados individual o socialmente justos”.

Los autores de ese proyecto de acto legislativo consideraron que la normatividad en Colombia, en principio, salvo algunos ajustes que pueden introducirse, principalmente en cuanto a la valoración del daño ambiental y su reparación, es suficiente para asegurar el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano.

Así mismo, indican que  los jueces de las diferentes jurisdicciones, cada día conocen más del tema ambiental, pero requieren de mayor capacitación; sus decisiones, en general, constituyen respuestas acertadas aunque inoportunas, por lo demoradas, a las demandas de justicia.

Las decisiones de los jueces muchas veces se tornan ineficaces, debido a la falta de recursos económicos de los obligados a cumplirlas. Se requiere, por lo tanto, implementar mecanismos idóneos para que dichas decisiones se cumplan, concluyen los autores.

De crearse la Corte, estará integrada por siete magistrados, cuatro de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión por lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materia de Derecho Ambiental. Los otros tres serán profesionales o licenciados en Ciencias con especialización en materias medioambientales reconocidos y con, a lo menos, diez años de ejercicio profesional.