Altos Tribunales y ministro del Interior chocan por presupuesto de la Rama.

SIN CONSENSOS entre las mismas Cortes frente al proyecto de reforma a la justicia radicado por el Consejo de Estado, se inició ayer la discusión del tema en la Comisión Primera del Senado.

Durante la audiencia programada por esa célula legislativa, para que las Cortes expusieran sus puntos de vista sobre el proyecto de reforma propuesto por el Consejo de Estado y el del Gobierno, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, se fue lanza en ristre contra las dos iniciativas.

El magistrado señaló que ninguna de las propuestas garantiza el acceso a la justicia, y defendió la permanencia y vigencia del Consejo Superior de la Judicatura, frente a la propuesta del Gobierno de eliminarla.

“En los primeros quince artículos” del proyecto radicado por el Consejo de Estado “no vemos la gran premisa por la cual empezamos a trabajar en agosto del año pasado, sobre los elementos esenciales para garantizarle el acceso a la justicia a todas las personas de manera ágil, efectiva y transparente”, advirtió.

Frente a la propuesta del Consejo de Estado de suprimir la función jurisdiccional de la Sala Disciplinaria, Lizcano afirmó que “al establecer que la disciplina de los jueces no sea una función jurisdiccional, sino una función administrativa, el juez pierde independencia, porque inclusive un órgano externo como la Procuraduría, puede en cualquier momento, aplicando el poder preferente, entrar a revisarlo. Eso es violación a la autonomía de la Rama Judicial”.

Según el presidente de la Judicatura, “pretender que la investigación disciplinaria de jueces, magistrados y fiscales se haga por actos administrativos, es convertir al Consejo de Estado en órgano de cierre de toda la disciplina de la Rama Judicial”.

De otro lado, aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, se mostró de acuerdo con los aspectos centrales de la reforma radicada por el Consejo de Estado, anunció algunas diferencias con el mismo, como el del perfil de los miembros de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En este tema el Consejo de Estado propone que dicha sala sea integrada por seis funcionarios, todos con perfil gerencial o administrativo.

“Los seis miembros de la Sala Administrativa” del Consejo Superior de la Judicatura “fueran abogados que tuvieran la condición de magistrados y por ende funcionarios con fuero, independientemente que dentro de los requisitos estuviera alguna exigencia particular, para que menos de la mitad tuvieran conocimientos relacionados con aspectos de derecho comercial, contratación pública, etcétera, y se pudieran contratar economistas, contadores o administradores de empresas necesarios”.

Sin embargo, en lo que sí coinciden las Cortes es en la no supresión del Consejo Superior de la Judicatura, que la Corte Constitucional no revise vía de tutela las sentencias judiciales, en mantener las funciones nominadoras y electorales y la necesidad de un mayor presupuesto para la Rama.

En éste último tema, las altas Cortes pidieron que se aumentara a un cinco por ciento el presupuesto, a pesar que el ministro del Interior, Germán Vargas, dijera que las finanzas del Estado no resisten esa propuesta.

“Para este año el presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado, fue de dos billones 192 mil millones, y lo que pidió la Rama Judicial a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda para el 2012 fue cuatro billones 173 mil millones. Pero el ministro de Hacienda presentó sólo un presupuesto para el año entrante de dos billones 217 mil millones, simplemente 24 mil millones más que el año pasado, cuando la necesidad soportada ascendía prácticamente a dos billones”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Para Lizcano, “el ministro Vargas decía que no todo es dinero, y en eso estamos de acuerdo; pero es un elemento fundamental articulado a otros elementos para poder que la justicia ande por los mejores senderos de la democracia”.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema aseguró que el déficit de la justicia no se debe a los jueces de la República.

“Está comprobado que los jueces de la República producen el 110 por ciento, es decir, si le entran 100 procesos, sacan 110, incluidos los que están atrasados. De tal manera, no somos los jueces de la República los responsables si hay algún déficit de justicia en este país”, afirmó Tarquino.