Esta semana vence el plazo para que la Corte Suprema de Justicia decida si llama a juicio o cierra el caso contra la parlamentaria investigada por el delito de tráfico de influencias.

La pregunta más difícil para Cortes
“¿Mamá porqué ya no sales de la Casa?”
La congresista suspendida, quien lleva seis meses con detención domiciliaria, jamás imaginó cuánto daño podría causarle a su hijo Gabriel, de cinco años, una de esas respuestas que las madres a veces dan, como mentiras piadosas para explicar lo inexplicable. “A mi hija Emilia, de doce años, le conté la verdad y lo entendió. Pero ante la pregunta de Gabriel, yo no tenía palabras para explicarle a un niño tan pequeño lo que estaba pasando. En ese momento solo se me ocurrió decirle que estaba enferma y que por eso el doctor me había mandado reposo hasta que me sanara. Pero esa no fue la mejor estrategia”, asegura con lágrimas en los ojos. Ahora, el pequeño debe pasar dos días a la semana por el consultorio de un psicólogo que le está ayudando a superar el trauma que le generó pensar que quizás su mamá se pueda morir en cualquier momento.
Lucero Cortés recuerda como el peor de sus días aquel en el que la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento preventiva por el proceso que le adelanta por tráfico de influencias para supuestamente favorecer a su esposo. Era un día normal de trabajo, y en plena hora de almuerzo, cuando estaba haciendo una diligencia bancaria, recibió la llamada que partiría su historia en dos. Su jefe de prensa la puso al tanto de lo que estaba saliendo por la radio y la televisión: que acababan de dictar medida de aseguramiento en su contra. “En ese momento lo primero que se vino a mi mente fueron mis hijos y me derrumbé, porque si yo fuera una delincuente, pues seguramente me lo habría esperado, pero cuando se es inocente la pregunta que uno se hace es por qué motivos me van a quitar mi libertad”, asegura.
Una libertad que perdió, pero que le ha regresado otras cosas que había olvidado. “Antes me llamaban del colegio de mis hijos a decirme que iban mal porque no tenían mamá, porque yo realmente estaba entregada a mi trabajo hasta los fines de semana. Ahora recuperé el tiempo para hacer tareas, jugar, ver películas, cocinarles y escucharlos. Seguramente si no estuviera pasando por esta situación esos momentos estarían perdidos aún. Pero Dios siempre sabe por qué pasan las cosas”, dice la política, que desde hace seis años se convirtió al cristianismo y quien todos los martes recibe en casa la visita de su pastor para estudiar, junto con su esposo, la Biblia de siete a once de la noche.
Reina de denuncias
Todos los señalamientos de los testigos y las denuncias en contra de la congresista en la Corte y la Procuraduría han sido interpuestas por las mismas personas. “Mis denunciantes son los mismos denunciados por mi esposo. Juan Carlos Salazar Torres y Carmen Cecilia Moreno Araujo, ex abogados de mi esposo, y Luis Alfredo Baena Riviere, quien está denunciado por el presunto robo de las acciones de mi esposo en la empresa operadora de cable Superview, que fue vendida a Telmex”, dice la ex Representante. Proceso que lleva diez años y que en última instancia la Fiscalía acaba de proferir resolución de acusación inapelable en la que los acusa de hurto agravado por la cuantía y por la confianza, y que los lleva directamente a un juicio en el que podrían terminar en la cárcel y pagando una millonaria suma a la familia de la congresista.
Las denuncias contra Cortés han sido interpuestas, entre otros, por Juan Carlos Salazar, abogado de Baena, Isaza y Guevara. “Él era el abogado de mi esposo, que era el denunciante, y después, el señor Salazar terminó siendo el abogado de uno de los denunciados. Por eso mi esposo le puso una queja disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura”. Denuncia que precisamente hoy la tiene privada de la libertad por haber supuestamente movido influencias para que un magistrado de este organismo suspendiera al abogado Salazar. “Yo sí me reuní con un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en el 2007, pero en mi ejercicio como congresista, jamás para influenciar el proceso de mi esposo contra Salazar. Lastimosamente con el tiempo ese proceso prescribió por vencimiento de términos ante el organismo y jamás se pudo demostrar sus faltas disciplinarias”, asegura Cortés.
Sin embargo, la danza de las denuncias no para ahí. Muchas otras le han interpuesto el abogado Salazar y sus defendidos a la ex congresista. Demandas que han sido cerradas por inexistencia de pruebas. “Son tan absurdas y fuera de contexto que a mí me denunciaron por ser la autora intelectual de la yidispolítica, cuando en esa época ni siquiera por mi mente existía la posibilidad de hacer política. Yo en aquel momento trabajaba como actriz y estaba embarazada de mi segundo hijo. Obviamente la Corte cerró ese caso”, dice.
Otra de las denuncias fue por amenaza de muerte, por unos correos electrónicos que les llegaron a los que considera sus enemigos y que, según los demandantes, habían sido enviados por Cortés y su esposo. “Nosotros pedimos un rastreo de los correos a las autoridades y se pudo comprobar que habían sido enviados de un café Internet del centro que no tenía ni cámaras, ni registros de nada, por lo que ese caso también fue cerrado, como muchas otros”, explica.
El caso DNE
Cortés hace parte del grupo de los 14 congresistas denunciados por haber recibido bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) para beneficio personal. Según las denuncias, ella y sus familiares tendrían en su poder fincas y carros que dicho organismo les habría entregado. “No entiendo cómo mi familia y yo tenemos tantos bienes de Estupefacientes y no aparezcan. En esa entidad no reposa ningún documento firmado por mí, ni por nadie cercano a mí, que demuestre que he recibido un solo bien mueble o inmueble”, dice.
“Lo único que me vincula con Estupefacientes es un carro que la entidad le entregó a la Policía y que ésta asignó a mi esquema de seguridad”, asegura Cortés, quien denunció al director de la DNE Juan Carlos Restrepo en la Fiscalía por los delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia. Asegura la detenida que todas las acusaciones en su contra en este caso son infundadas ya que, más allá de los anónimos, no se ha logrado encontrar una sola prueba testimonial o documental.
Lo cierto es que en medio de tantos procesos, esta semana la Corte, que es la única instancia que investiga a los congresistas, tendrá que decidir si llama o no juicio a la Representante por el delito de tráfico de influencias. “Yo confío en la Justicia colombiana y estoy segura de que después de este momento de oscuridad, Dios trae una bendición tan grande para mí, que las manos me van a quedar pequeñas”, afirma con toda la fe y la esperanza que siempre la acompañan. Y ante la pregunta de qué les diría a los magistrados si los tuviera en frente, responde, en medio de risas y con algo de ironía, que de sus procesos nada, porque podrían acusarla de tráfico de influencias, pero que sí le gustaría, por qué no, tomarse un café y saber qué guardan en el corazón, porque más allá de los mitos, detrás de un jurista hay un ser humano.