Con el rechazo de 7 impedimentos a magistrados, la Corte Suprema de Justicia quedó con la vía libre para decidir la elección del Fiscal General de la Nación.
El alto Tribunal no aceptó los impedimentos que presentaron los magistrados de la Sala Civil, Álvaro García y Margarita Cabello Blanco y los de la Sala Penal Patricia Salazar, Gustavo Malo, Eugenio Fernández Carlier, Luis Guillermo Salazar y Eyder Patiño.
En su justificación, los togados argumentaron que no podían participar en el proceso por tener familiares trabajando en la Fiscalía.
Sin embargo la Corporación Judicial rechazó tales argumentos por lo que si podrán votar para elegir al próximo fiscal general de la terna compuesta Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes.
En efecto, ayer desde muy temprano los magistrados la sala plena de la Corte comenzó el estudio de los impedimentos de cinco magistrados para participar en la elección de fiscal general.
De la sala Penal presentaron impedimentos los magistrados Eugenio Fernández Carlier, quien advirtió que tiene un hijo y un sobrino trabajando en la Fiscalía.
Lo mismo hizo la magistrada Patricia Salazar. Su hija Paola Guerrero trabaja en la oficina del Fiscal General y llegó a la entidad con Eduardo Montealegre.
De la sala Civil, su presidente, Álvaro Fernando García, señaló que dos familiares suyos están vinculados al ente acusador en Medellín. Ingresaron en 2001 y 2008.
Por su parte, el magistrado Aroldo Quiroz, quien tomó posesión del cargo el pasado 11 de marzo, señaló que su hermana trabaja hace 15 años en la Fiscalía y su esposa desde hace 10 en el Instituto de Medicina Legal.
De la Sala Laboral, el magistrado Gerardo Botero Zúñiga señaló que tiene familiares en cuarto grado de consanguinidad que trabajan en el CTI. Uno desde el año de 1993 y otro desde 2007.
Esta es la primera vez que la Corte Suprema se enfrenta a impedimentos de sus magistrados en el proceso de elección de un nuevo fiscal general, a quienes se aplicaría el artículo 11 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para el conjuez Hugo Quintero en este caso no se podría hablar de que los magistrados con familiares en la fiscalía estuvieran impedidos para votar por el reemplazo de Eduardo Montealegre, porque no se trata de reelegir a quien los nombró sino de escoger un nuevo fiscal.
“El que sí quedaría impedido, es el fiscal para favorecer a cualquiera de esos supuestos familiares de magistrados. No podría ascender a ninguno, porque el acto puede ser identificado con la prohibición de nombrar, a menos que sea por carrera judicial. Solo le quedan dos opciones, los mantiene o los saca para mejoramiento del servicio”.