La máxima corte de Venezuela debe decidir si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que desafía al presidente Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, agotó el plazo que se fijó para dar su veredicto, tras la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo acusó a la fiscal de mentir contra los magistrados, por lo que su fallo se supone inminente.

Ortega se rebeló abiertamente contra el gobierno justo al inicio de protestas opositoras, que dejan 95 muertos desde el 1 de abril y exigen la salida de Maduro.

La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de "mentir" al afirmar que no avaló la designación, según ella "amañada", de 33 magistrados por el anterior Parlamento chavista, en 2015.

Carreño asegura que Ortega, a quien los oficialistas consideran una "traidora", es "bipolar" y pidió incluso al TSJ declarar "su insania mental". 

"Como aquí las instituciones y el derecho son armas de una guerra política contra los que se opongan a los designios del poder que aspira a perpetuarse, en poco tiempo, hoy, mañana o cuando sea, van a declarar que el juicio procede", comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

El constitucionalista José Ignacio Hernández dejó abierta la posibilidad de que el TSJ postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológica para determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces.

"Este chimbo (tramposo) antejuicio es un proceso absolutamente viciado, una marramucia (suciedad)", declaró Henrique Capriles, que al igual que la mayoría de opositores apoya a Ortega, aunque algunos recuerdan sus actuaciones para encarcelar políticos.

- "No tengo miedo" -

La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, desde 2016 dominado por la oposición.

El periodo de Ortega en la Fiscalía vence en 2021.

"No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos", insistió Ortega en una entrevista radial.

En medio del enfrentamiento, aceleró en estos días imputaciones contra varios funcionarios civiles por supuestos actos de corrupción -incluido el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht- y militares bajo cargos de violación de derechos humanos. No obstante, dijo no temer a posibles represalias.

"Todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura. Lo máximo que me pueden hacer es que me maten. No tengo miedo", declaró a una radioemisora venezolana.

Poco antes de la audiencia del 4 de julio, a la que Ortega no asistió por considerarla un "circo", el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de violar los derechos humanos.

"Esto puede revolver el ambiente político mucho más de lo que está", advirtió Salamanca, al referirse a que por una parte Ortega no reconoce el nombramiento de Haringhton y por otra es al Parlamento al que corresponde la remoción.

Pero el Legislativo -que apoya a la fiscal- fue declarado en desacato por el TSJ, que ha anulado todas sus decisiones, por lo que podría ordenar directamente la destitución.

- "Muertos sin y con Constituyente" -

El futuro de Ortega es decidido en una semana de intensa movilización de opositores y oficialistas en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.

El gobierno realiza esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un "régimen al estilo Cuba".

De su lado, la oposición organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, que llega al 70% según la firma encuestadora Datanálisis.

Carreño gestiona un recurso de nulidad del plebiscito, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de oficialista.

"El gobierno siente que está muerto sin Constituyente. Y la oposición siente que está muerta con Constituyente. Se necesita alguien más para destrancar", opinó el analista Luis Vicente León.

Apoyando una negociación, Ortega ha dicho que desea convertirse en un "factor de diálogo". "Ojalá pudiera tener una reunión franca con el presidente (...) y con la oposición", aseveró.