La Corte Constitucional consideró positiva la estrategia de la Contraloría de desarrollar talleres y espacios para que la población desplazada participe en el control fiscal sobre ejecución de recursos de los entes territoriales, que realiza el organismo de control al evaluar la política pública encaminada a su protección.

El Alto Tribunal destacó la importancia de la iniciativa de la Contraloría "para garantizar de manera efectiva el derecho a la participación de las personas en situación de desplazamiento en el control y vigilancia de lo público".

Se trata de “una valiosa labor”, que abre espacios para el ejercicio del control fiscal, consideró el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de esta Sala Especial, en el Auto por medio del cual da traslado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Informe que presentó la CGR exponiendo sus observaciones en torno al Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado, adoptado mediante la Resolución 0388 de 2013.

Según el magistrado Vargas Silva, "resulta necesario que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas conozca en detalle las observaciones hechas por la Contraloría General de la República", con el fin de que envíe un informe detallado haciendo referencia a cada uno de dichos puntos.