La Corte Constitucional llamó la atención ante las solicitudes de la Procuraduría General de la Nación para conocer información de las mujeres que han recibido aval de los jueces para practicar abortos.

Según el Alto Tribunal, los funcionaros judiciales como jueces o fiscales no pueden integrar información a la Procuraduría o alguna otra entidad sobre la identidad de las mujeres que hayan solicitado voluntariamente un aborto.

La Corte sostiene que si los funcionarios judiciales llegaran a entregar este tipo de información estarían incurriendo en graves faltas disciplinarias que los podrían llevar a ser investigados penalmente, puesto que estarían atentando contra los derechos fundamentales de las mujeres.