Acortar el tiempo de respuesta a las necesidades de los desplazados, ya que la sentencia que ordenó el cumplimiento de sus derechos lleva 8 años y no pasa nada, pidió la Corte Constitucional a los entes gubernamentales.

En la audiencia de seguimiento realizada ayer, se señaló que esto está  afectando, incluso, la credibilidad del Alto Tribunal.

“Ya no es momento de seguir ideando formulas o mecanismos, es momento de ejecutar verdaderamente la crisis para la República de Colombia es muy seria y ya está afectando otro punto que es grave y es la credibilidad de la Corte Constitucional, llevamos ocho años en esto y no pasa nada y la Corte no opera”, dijo el magistrado Nilson Pinilla, quien hace parte de la comisión de seguimiento de la sentencia.

Sostuvo que es evidente que se está cumpliendo la colaboración para el tema, pero dijo que hay personas que requieren vivienda, alimentación y atención inmediata.

Dijo que si bien es cierto llevan ocho años luego que se emitió el fallo en el que se ordena la solución de cosas inconstitucionales sobre el tema del desplazamiento, hay informes positivos y optimistas, pero si se habla de una nueva línea de base a partir de 2013 vamos a volver a empezar.

“Nosotros los escuchamos con cordialidad pero hay gente que no tiene techo ni educación para sus hijos, están deambulando por las ciudades dejando en evidencia el estado de cosas inconstitucionales tan grave detectado hace ocho años”, dijo el magistrado Pinilla.

Durante una audiencia sobre el tema de los desplazados, el magistrado Nilson Pinilla, aseguró que el paso de los años está generando desesperanza entre las personas que fueron obligadas a dejar sus tierras.

“¿Seguiremos haciendo estas audiencias de pronóstico, inventándonos cifras significativas, o realmente vamos a intensificar las labores del Estado para que esto se supere? ¿Será que no lo vamos a lograr?”, indagó el magistrado.

Según Pinilla, la gente continúa deambulando de un lado para otro sin un techo dónde vivir, y la situación pareciera no tener una solución a corto plazo.

Por su parte, el delegado de la Contraloría Luis Alberto Higuera, explicó que la mayoría de municipios no tienen la capacidad para atender a los desplazados.

“En el departamento del Meta, difícilmente en la mayoría de municipios donde la población desplazada ha sido acogida, se les puede garantizar el goce efectivo de sus derechos. Cuando se compara el Meta con Bogotá, se observa que Villavicencio tiene su fortaleza disminuida en un 33 por ciento, respecto a lo que representa la capital”, explicó Higuera.

La viceprocuradora, Martha Castañeda, también señaló que en algunos departamentos del país la atención de los desplazados no ha mejorado, y por el contrario pareciera empeorar.

“En departamentos como Arauca, chocó, Córdoba, Cauca, Bolívar, hemos observado retrocesos y obstáculos en la prevención del problema, lo cual quiere decir que no podemos afirmar que estemos ante un goce efectivo de derechos en atención y prevención”, afirmó Castañeda.