Un llamado de atención le hizo la Corte Constitucional a la Procuraduría por la expedición de una circular en la que trazó directrices a jueces y notarios sobre la formalización de las uniones de parejas del mismo sexo.

Para los magistrados, la Procuraduría debe abstenerse de imponer una interpretación sobre la sentencia en la que la Corte le dio un plazo al Congreso para regular el matrimonio gay y en la que manifestó que de no hacerlo en dos años las parejas podían acudir a un juez o notario para “formalizar y solemnizar su vínculo contractual”, ya que con estas directrices se afectaba la autonomía de los funcionarios.