América Latina ha encontrado los caminos para juzgar históricos crímenes de lesa humanidad pese a leyes de amnistía que podrían dificultar ese proceso, dijo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García-Sayán, en una conferencia de prensa en Brasilia.

Entre esos casos está el del holocausto de la toma guerrillera y la retoma militar del Palacio de Justicia, que será abordado el martes y miércoles de la próxima semana (12 y 13 de noviembre) por parte de la Corte en audiencias que realizará en la mencionada metrópoli brasileña.

La Corte analizará las posibles violaciones ocurridas durante la violenta toma y retoma del Palacio en 1985.

Las víctimas

El magistrado García-Sayán explicó que en esas audiencias la Corte escuchará a tres víctimas, tres testigos y tres peritos sobre lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

Como ya es de conocimiento público, el 6 de noviembre unos 35 guerrilleros del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomaron el Palacio de Justicia, plagiando a unos 350 rehenes. Las Fuerzas Armadas recuperaron el edificio mediante una acción militar en la que murió un centenar de personas.

Cuando se agote en Brasilia el “capítulo oral” del proceso, indicó el magistrado García-Sayán, se abrirá un plazo para que las partes presenten sus argumentos por escrito.

El jurista previó que la Corte estará en condiciones de dictar sentencia durante el primer semestre de 2014.

El abogado, escritor y político peruano, detalló que hay 147 personas "que se consideran víctimas", incluyendo aquellas que afirman haber sido objeto de torturas por parte de integrantes el Ejército, así como los familiares de los fallecidos y los desaparecidos.

Tras considerar que no se hizo el esfuerzo necesario para investigar las señaladas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma del Palacio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó la demanda contra el Estado colombiano.

América Latina

"Creo que hay una corriente muy importante en América Latina que, por distintos caminos, en cada país va encontrando una forma de que las pasadas violaciones se investiguen", dijo García-Sayán.

"Eso no significa levantar caminos de venganza, de persecución, sino caminos que permitan que las víctimas reciban una reparación, que las víctimas encuentren el camino de la verdad", agregó.

"Hay países donde las leyes de amnistía están vigentes, pero el sistema judicial ha logrado interpretaciones particulares de lo que son las obligaciones internacionales del Estado", sostuvo el titular de la Corte IDH.

La historia del siglo XX en América Latina está marcada por dictaduras militares como las de Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983), Brasil (1964-1985) y Uruguay (1973-1985).

Unos 30.000 opositores desaparecieron en Argentina durante la dictadura, de acuerdo con organismos humanitarios, mientras que en Chile se contabilizan más de 3.000 muertos y desaparecidos. En Uruguay el número de desaparecidos asciende a 200.

En estos tres países han sido juzgados a lo largo de los últimos años varios responsables de los regímenes militares.

En tanto, Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante su régimen militar, aunque ningún represor ha sido procesado penalmente por ello ni ha cumplido cárcel en el país en base a una ley de amnistía de 1979.

García-Sayán indicó que las denuncias que recibe y tramita la Corte no se refieren solamente a violaciones de derechos humanos durante dictaduras o actuaciones de las Fuerzas Armadas en democracia, como es el caso de la toma y la retoma del Palacio.

"En América Latina hay una creciente conciencia democrática y hoy se reciben demandas que antes no llegarían a esta corte", como las relativas a asuntos de violencia de género, derechos indígenas y todo tipo de discriminación, declaró.

Derechos humanos

Además de analizar el caso del Palacio de Justicia, la Corte celebrará en Brasilia un seminario sobre derechos humanos, todo enmarcado en la 49 sesión extraordinaria.

García-Sayán, estuvo acompañado de Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), quien anotó que la intención de la Corte IDH al celebrar esas audiencias en Brasil es demostrar su funcionamiento a los juristas y a la sociedad del país.

Según García-Sayán, la Corte IDH "no es un tribunal extranjero" ni un "espacio de discusión académica", sino una corte que pertenece a "toda América" y está al servicio de "cualquier persona" que en este continente considere que "sus derechos han sido violados".