Tras el amotinamiento en la cárcel La Modelo de Barranquilla del lunes pasado que dejó 10 reclusos muertos y 30 heridos, la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia, le hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que en conjunto con el Congreso tomen medidas para acabar con el hacinamiento carcelario.

“Son absolutamente infrahumanas e indignas las condiciones de albergue de los internos en las cárceles lo cual es motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”, señaló el alto tribunal.

La Corte precisó que las entidades responsables del control de los centros penitenciarios deben cumplir con sus responsabilidades, al tiempo que le advirtió al poder legislativo que no todo delito debe pagarse con cárcel.

“El Gobierno debe respaldar económicamente las consecuencias que generan tales medidas sobre el aumento en la población carcelaria y el imperativo infranqueable según el cual sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas”, apunta la sentencia.

Cambio de política

De otro lado, el vicefiscal, Jorge Perdomo dijo que la política penitenciaria en Colombia debe estar enfocada a la prevención del ingreso de personas a los penales y no solamente en recluir a quienes han cometido delitos, señaló.

Perdomo expresó que la situación en las prisiones es una verdadera “bomba de tiempo” que puede explotar en cualquier parte del país.

“Es muy importante construir cárceles, pero no es la única solución. Tampoco soltar la gente de las cárceles e implantar medidas de hacinamiento. Esa es una solución, pero no es la única”, enfatizó el Vicefiscal General.

“Lo importante es cómo evitar que la gente ingrese a los reclusorios”, aseguró el funcionario al referirse a la tragedia ocurrida en una prisión de Barranquilla (Atlántico) donde murieron diez personas asfixiadas e incineradas durante un motín.

Para Perdomo, la construcción de cárceles jamás será suficiente “si se encuentra que en el país la población carcelaria ha ido creciendo en un 50 por ciento durante los últimos dos años. Así, nunca habrá unas condiciones dignas para las personas reclusas en el país”, dijo.

“Se trata de humanidad, de razones de garantía de los derechos fundamentales de los delincuentes. Los que delinquen también tienen derecho a que se les respeten los derechos fundamentales”, explicó el funcionario.

“Los problemas de hacinamiento se presentan en todas las ciudades del país. Por ejemplo, en la Modelo de Bogotá hay capacidad para alrededor de 2.000 personas y tiene más de siete mil personas reclusas. Eso sin contar la población de los fines de semana cuando se realizan las visitas. Aproximadamente tres personas por interno. Habría alrededor de 20 mil personas en la cárcel durante el fin de semana”, añadió.

“En la Fiscalía, la instrucción que tienen todos los funcionarios es que utilicen excepcionalmente el recurso de privar de la libertad a las personas y que sean estrictos en que la detención preventiva únicamente debe ser empleada cuando convergen los requisitos exigidos por la Constitución”, concluyó.