“Se hizo una modificación para que los magistrados de los tribunales de la Justicia Penal Militar sean escogidos por la Corte Suprema de Justicia”, explicó el presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, al resaltar la aprobación de la reglamentación del fuero en la plenaria de la corporación.

La iniciativa pasó a la Cámara para recibir tercer y cuarto debates.

Se trata del proyecto de ley número 85 de 2013 Senado, “por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar o Policial se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto fue radicado el 11 de septiembre por el ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón.

La ponencia aprobada ayer fue elaborada por una comisión coordinada por los senadores Galán y Juan Carlos Vélez, del Centro Democrático.

Según Galán, “es una ley ordinaria que entra en consonancia con lo aprobado en el acto legislativo y en la ley estatutaria”.

Explicó Galán que se trata del tercer capítulo que tiene como finalidad la reglamentación  del fuero militar que expidió el Congreso hace exactamente dos años.

El senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que se dio un avance en la medida en que se aceptó que el nombramiento de los magistrados, no sea un acto simple de designación por parte del presidente.

“De esta manera se podía ver comprometida la independencia de la Justicia Penal Militar. La subcomisión aceptó el mecanismo mixto que permite una selección adecuada que sea garantía plena de eficacia de la Justicia Penal Militar y de justicia en el sentido estricto del término”, dijo.

“El presidente preparará la lista de elegibles y la sala de gobierno de la Corte habrá de definirlos”, dijo.

El senador santandereano Honorio Galvis, del Partido Liberal, señaló que así como quedó modificado el proyecto, “el presidente estaría encargado en nombrar a los fiscales y la Corte Suprema elegiría a los magistrados de las ternas enviadas por el jefe del Estado”.

Galvis sostuvo que lo que se quiere es imparcialidad en la justicia, pues “como venía el proyecto contenía un error  y es que el presidente tenía la potestad de remover a los miembros de la Fuerza Pública, pero también el presidente nombraba al acusador”.

Por su parte el senador antioqueño Luis Fernando Duque, también del Partido Liberal, señaló que “lo que hicimos fue un poco conciliar los temas de la nueva figura del Fiscal General Penal Militar y del nombramiento de los magistrados, así como también en un artículo la diferencia que tienen en conocimientos tribunales penales de ciertos asuntos del Derecho Internacional Humanitario, con excepción de los crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada”.

Duque manifestó que en el tema de los jueces se hace un proceso interno en el Ministerio de Justicia con concurso de méritos: “Los jueces deben ser militares con jerarquía. Esas ternas deben ser avaladas por la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia”.

La iniciativa también establece la implementación de un cuerpo técnico de investigación y se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio.

Además de separar la Justicia Militar de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, el proyecto establece la creación de una Fiscalía Militar que se encargue de los procedimientos de investigación.