• Difícil primera mitad de mandato para gobernadores y alcaldes
• Del rebrote de la violencia a la estrechez fiscal y el centralismo

El próximo lunes se cumplen dos años de la posesión de los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles elegidos en octubre de 2015. Esta primera mitad de los ejecutivos y legislativos a nivel departamental y municipal ha estado llena de sobresaltos, así como de una crisis de vieja y nueva data que ha afectado en alguna proporción los márgenes de gobernabilidad en las administraciones seccionales y locales.

Los problemas son de distinta índole. Por ejemplo, no pocas asambleas departamentales y concejos municipales han terminado en pleitos penales y disciplinarios por la accidentada elección de los personeros y contralores. Las asociaciones de diputados y cabildantes han reiterado que los vacíos regulatorios sobre la materia fueron la principal causa de esta crítica situación.

En materia de corrupción es evidente que el mayor dolor de cabeza para los gobernadores ha sido el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se convirtió en varios departamentos en blanco de mafias de contratistas y funcionarios inescrupulosos que esquilman los recursos destinados a los desayunos, almuerzos y refrigerios de los estudiantes de escuelas y colegios públicos.

La estrechez fiscal también continúa siendo una de las quejas más recurrentes de las gobernaciones y las alcaldías, sobre todo en materia de presupuestos para salud, educación y vías terciarias. Si bien estaba prevista la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), al final no llegó al Congreso ningún proyecto frente a un tema tan importante para los gobiernos seccionales y locales que urgen una redefinición de competencias y asignaciones de recursos, ya sea por transferencias o recaudo directo.

El uso de los mecanismos de participación ciudadana también ha tenido impacto a nivel departamental y municipal. De un lado, este 2017 marcará récord como el año en que más comités impulsores de revocatorias del mandato se activaron contra gobernadores y alcaldes. Las pocas que se llevaron a cabo no progresaron, otras se quedaron por el camino por insuficiencia de firmas e incluso falta de presupuesto. Y lo peor es que pese a que ya inicia el tercer año de mandato, hay algunas pendientes de definirse, como es el caso de la capital del país. A ello habría que sumar que este año hubo un alud de consultas populares municipales que pusieron en jaque la explotación minera y de hidrocarburos en no pocas poblaciones, generando un choque sin precedentes entre la capacidad de la ciudadanía para proteger su entorno ambiental y la prerrogativa constitucional de que la Nación es la dueña del subsuelo y el Gobierno nacional tiene prevalencia en las decisiones sobre la industria extractiva de recursos naturales no renovables.

Otro de los principales cuellos de botella para la gestión de muchos gobernadores y alcaldes ha sido la quiebra o cierre inminente de la respectiva red pública hospitalaria de sus jurisdicciones, debido a la abultada deuda de las EPS. Los salvavidas financieros lanzados por el Gobierno nacional han ayudado a paliar en algo la crisis, pero el riesgo de insolvencia y cese operacional es cada día mayor.

Por otra parte, es claro que la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ha impactado a gobernaciones y alcaldías. De un lado, no en pocos departamentos y municipios en donde funcionaron las zonas veredales de concentración de los guerrilleros se han generado problemas sociales y de inseguridad por los vacíos y demoras en los procesos de desmovilización y reinserción a la vida civil. Igualmente es creciente el problema de orden público por el accionar de las disidencias armadas de las Farc y la pelea por el control territorial con el Eln, bandas criminales y nuevos y viejos carteles del narcotráfico, en auge por el aumento desmesurado de los cultivos ilícitos. A ello habría que adicionar que muchos gobernadores y alcaldes consideran que son invitados de piedra dentro de la política del posconflicto, que continúa siendo manejada y determinada sustancialmente desde Bogotá, con un marcado e inveterado criterio centralista.

A todo lo anterior habría que sumar otros problemas puntuales y de difícil manejo como la llegada incontrolable de venezolanos a todo el país, las trabas y falencias persistentes en el nuevo sistema de regalías, las demoras en la depuración definitiva del Sisben, altibajos en la lucha contra los ‘carteles’ de contratación y corrupción regional y local, el lento arranque de las Regiones Administrativas de Planificación (RAP), el atraso en la red vial secundaria y terciaria…

En fin, no es muy alentador el panorama a nivel de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos cuando se llega a la primera mitad de su cuatrienio de mandato. Incluso, el debate sobre la pertinencia o no de la reelección inmediata en departamentos y municipios sigue vivo.  Un corte de cuentas que deja mucho que desear.

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