El modelo de justicia transicional plasmado en la Ley de Justicia y Paz no fracasó. Es que estuvo mal concebido.

Así se lo planteó a este Diario el viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper, para quien un esquema de ese tipo materializa primero los derechos de las víctimas y luego permite beneficios penales, mientras que Justicia y Paz porque “girando en torno a los beneficios penales se establecieron o se presumió que con esos beneficios de ahí se iban a materializar los derechos a las víctimas”.

EL NUEVO SIGLO: ¿La poca efectividad de Justicia y Paz evidencia que Colombia no sabe aplicar justicia transicional?

MIGUEL SAMPER:Primero yo no hablaría de poca efectividad. Tampoco lo calificaría como un fracaso, como lo han querido ver algunos sectores, sino que hay que entender que Justicia y Paz, eso lo reconoce el Gobierno, la Rama Judicial y el Congreso al tramitar la reforma, no ha respondido a las expectativas de las víctimas.

No es que no respondiera o que no se supiera aplicar la justicia transicional.

El punto aquí es que la ley de Justicia y Paz fue concebida distinto a cómo se debe concebir un mecanismo de justicia transicional.

De ahí la importancia de esta reforma.

ENS: ¿Cuáles serían los límites que en un eventual acuerdo de paz con las Farc impondría la justicia transicional, esa barrera que no podría pasarse por nada ni nadie?

MS:Yo quisiera frente al proceso de paz no hacer referencia, pues el único que puede hablar sobre el tema es el presidente de la República o Humberto de la Calle, que es el jefe negociador.

ENS: ¿Cuáles son los límites que tiene la justicia transicional en cuanto a amnistía, indultos o flexibilidad penal para culpables de delitos graves de lesa humanidad?

MS:En un modelo de justicia de transición, existen dos posibles polos opuestos. En un extremo está un modelo en que se concede amnistía e indulto por todos los crímenes. En el otro extremo hay un modelo en el que se juzgan de conformidad con la justicia ordinaria, todos y cada uno de los crímenes cometidos.

Ninguno de los dos modelos se ha aplicado en ninguna parte del mundo.

Pero ahí en el medio hay una infinidad de posibilidades que le permiten a un país adaptar un esquema de justicia transicional que se adapte a la talla de necesidades del país.

Lo que hay que balancear es ese trípode en el que se fundamenta la justicia transicional, como la verdad, la justicia y la reparación. En la búsqueda de ese balance adecuado, es donde se crean los modelos de la justicia de transición.

ENS: ¿Y en cuanto a los límites que establecen los tratados internacionales?

MS:Digamos que los límites que hay que garantizar en la mayor medida posible son estos tres derechos a las víctimas: verdad, justicia y reparación. Por eso es que, repito, ahí es donde el país empieza a conformar el modelo de transición.

En realidad, los límites son estos polos opuestos, porque si uno se va a judicializar cada uno de los crímenes y delitos, por pequeños que sean, lo que termina pasando es que hay muy poca reparación y muy poca verdad de lo sucedido. Pero si uno se va al otro extremo, y hay una amnistía para todos los victimarios, allí no va a existir derecho a la justicia.  

ENS: ¿Se puede ir más allá en justicia transicional que lo que ya establece el Marco Legal para la Paz?

MS:El Marco Legal para la Paz configura precisamente eso: un marco. Un marco de movimiento, un marco de accionar, en donde se tiene que mover el Gobierno Nacional y donde, cuando llegue el momento de reglamentar el  marco, que no sabemos cuándo será, ello configura no un límite, sino una posibilidad.

El Marco Legal para la Paz no es que sea un techo, sino como una puerta que se abre para poder tener un margen de maniobra en esquemas de justicia transicional.

 

Reforma

 

ENS: ¿En qué consiste la última reforma a Justicia y Paz? ¿Cuáles son sus ventajas y cómo evitar que los paras queden en la impunidad así no hayan confesado, no hayan dicho la verdad o reparado a sus víctimas?

MS:La reforma pone requisitos exigentes. Primero se estableció una medida: si de aquí a 40 años se descubre algún bien que no hubiera entregado el desmovilizado, se le revocan todos los beneficios concebidos en Justicia y Paz. Lo mismo que si se trata de imputar un hecho por parte de la Fiscalía y el paramilitar niega el hecho y luego se descubre que sí fue realizado el hecho, se le revocarán todos los beneficios. Es muy exigente en materia de verdad.

Y en materia de entrega de bienes, además le da más dientes a la Fiscalía para poder perseguir estos bienes por medio de un mecanismo de extinción de dominio muy expedito, que quedó consagrado en la ley y le da muchas más herramientas para que la información obtenida se complemente con la que existe en el centro de memoria histórica.

ENS: El representante Iván Cepeda dijo que había un orangután en la ley. ¿Es cierto?

MS:Nada más alejado de la realidad. Lo que está ocurriendo en la actualidad es que la sentencia en materia de las indemnizaciones se están quedando en el papel y el representante sostiene que esto había sido una vía efectiva para la reparación, cuando en 7 años de proceso solo se ha decretado una reparación.

Lo que se está haciendo es evitar que las víctimas se sometan a todo un proceso judicial, que eleven sus expectativas para después salirles con un chorro de babas.

Hay dos pasos: primero donde se verifica si en realidad es víctima y  segundo para que se materialice el programa de reparación.

ENS: ¿Cómo evitar que los sometidos a Justicia y Paz sigan escondiendo bienes y no los entreguen al fondo de reparación?

MS:En parte con estas medidas que yo acabo de mencionar. Es decir, no solo se le dan más herramientas procesales a la Fiscalía, sino que adicional a eso se impone una sanción y se envía un mensaje muy claro: y es que los bienes los vamos a seguir persiguiendo como están durante el término de 40 años.

No importa que usted voluntariamente no los quiera ofrecer, yo los voy a seguir buscando y si no los entrega, se le revocarán los beneficios.

ENS: ¿Cómo evitar que la justicia transicional termine siendo rey de burlas, un instrumento de impunidad o de que por más delitos graves que se cometan al final habrá algún tipo de beneficio penal o penitenciario?

MS:Hay que diferenciar dos cosas. Primero, la pena que se imponga no implica que vaya a haber impunidad, todo lo contrario. El final del proceso de Justicia y Paz es la imposición de una condena. Eso garantiza que en el marco de Justicia y Paz no habrá impunidad.

El hecho de que hasta el momento hayan sido condenadas tan pocas personas, fue uno de los argumentos que justificó la reforma, para agilizar los trámites, para que de tres audiencias se pase a una, en fin: para que hayan mayores condenas en Justicia y Paz.

Pero no implica que porque se someta a una condena de 8 años, esto implique impunidad, porque finalmente el proceso termina en una condena, que es lo que materializa el derecho a las víctimas.  

ENS: La anterior ley de Justicia y Paz, ¿estaba hecha “a las volandas”?

MS:Creemos que fue de acuerdo a unas necesidades, necesidad que no se compaginaba con un fin estratégico de la justicia transicional.

ENS: Justicia y Paz es justicia transicional pero no ha cumplido con los principios de verdad, justicia y reparación. ¿Fracaso?

MS:Yo no creo que sea un fracaso. Estuvo mal concebida. ¿Por qué? Porque alrededor, o girando en torno a los beneficios penales, se establecieron o se presumió que con esos beneficios de ahí se iban a materializar los derechos a las víctimas.

Un esquema de justicia de transición se configura al revés: por medio de la materialización de los derechos de las víctimas se pueden llegar, entre otras cosas, a beneficios penales.  

ENS: Ocho años de una legislación tan flexible como Justicia y Paz y sólo trece condenas. ¿Se evidencia que esta ley fue improvisada y que la nueva reforma no es más que una corrección de última hora para evitar que en 2014 sean excarcelados gran parte de los paras acusados de delitos graves pero que no han confesado sus delitos?

MS:Justicia y Paz tiene grandes avances. En mi opinión, el principal avance de Justicia y Paz es que puso a todo el país a hablar del tema de justicia transicional desde 2005.

Otro avance importante es el avance del esclarecimiento de hechos, situaciones que no se hubieran podido esclarecer si no hubiera sido en el esquema de Justicia y Paz.

Pero las cifras de esclarecimientos no hablan por sí solas. Lo que sí habla por sí solo es que hoy en día toda la sociedad esté dando el debate sobre cuál es el traje de justicia transicional que necesita el país.

Ahora, en las escasas condenas sí se requería que se superaran ciertos vacios, que identificamos después de 7 años de aplicación y se hallaron ciertas orientaciones estratégicas que estaban ausentes.

Todo esquema de juzgamiento en justicia transicional debe apuntarle al objetivo estratégico de fortalecer el Estado de Derecho y conseguir una paz duradera y estable. Ese nuevo enfoque estratégico es lo que hizo la reforma. Y es como un salvavidas para la estrategia que con Justicia y Paz se quería lograr.      

ENS: ¿La intención de que Justicia y Paz sirviera para desmovilizar la guerrilla ya quedó descartada?

MS:Como incentivo para generar futuras desmovilizaciones, la idea es que no opere así. La idea es que en esta ley se cierre la posibilidad de participar de la misma a partir del 31 de diciembre. Lo que la reforma consigue es decirles a los postulados a Justicia y Paz: “aquí tienen su última oportunidad para contribuir a la verdad y a la reparación a las víctimas, si quieren acceder a este esquema de justicia transicional”.

ENS: ¿Es decir, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para acogerse a la ley?

MS:Sí. La reforma lo que establece es que en la actualidad es inaudito que los desmovilizados estén esperando que alguien los mencione en el proceso de Justicia y Paz para levantar la mano y decir yo quiero participar.

La ley de Justicia y Paz parte de la premisa de que la persona quiere contribuir al proceso de reconciliación nacional, dejar las armas y confesar los delitos.

Por eso se estableció la fecha del 31 de diciembre para que estas personas manifiesten su voluntad, que lo han debido hacer desde el momento mismo en que se desmovilizaron.

No podemos recibir solicitudes de postulación a 7 años de proferida la ley.

ENS: ¿Y después del 31 de diciembre?

MS:Se cierra la puerta para participar en Justicia y Paz y la Fiscalía se va a concentrar en las personas que ya están postuladas, con un cambio innovador y es que se debe priorizar los casos, de acuerdo a unos criterios que va a expedir el Fiscal General y que deben buscar de acuerdo al patrón de criminalidad que hace la Fiscalía para desentrañar las redes de apoyo, las causas del fenómeno paramilitar y que esto conduzca a desmantelar las estructuras que permitieron permear ciertas coyuntura regionales.

 

Cerca al ciudadano

 

ENS: De otro lado, Mancuso le envió una carta al presidente expresándole que quiere participar en un proceso de paz. ¿Se necesitaría otra ley especial para ellos?

MS:Para los desmovilizados de los grupos paramilitares se surtió un proceso de negociación y fruto de ese proceso es la ley de Justicia y Paz.

ENS: ¿Y entonces por qué están pidiendo un proceso de paz?

MS:No, en eso no sé decirle. No sabría responderle sobre las intenciones de este hombre.

ENS: ¿Qué tareas le han encomendado?

MS:En estos momentos estoy en el Viceministerio de Promoción de la Justicia y aquí nos corresponde la tarea de acercar la justicia al ciudadano y de lograr que la haya más pronta y efectiva.

El objetivo del Viceministerio, y del Ministerio en general, confluye en la justicia transicional, porque los dos buscan el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Debemos recordar que si se suscribe un tratado de paz y las instituciones no están fortalecidas, lo que puede ocurrir es que exista una revictimización o que las instituciones no estén preparadas para el proceso.

ENS: Aparte de la ley de Justicia y Paz, ¿qué se está haciendo para fortalecer la justicia?

MS:Aquí todos los días se adoptan medidas. Estamos trabajando en diversos frentes.

Tras la aprobación del nuevo Código General del Proceso, del Código Administrativo, del Estatuto de Arbitraje, lo que se está buscando en el Ministerio es dar aplicación a esto.

Se está trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura para llevar a buen término estas reformas legales y la idea es modernizar la prestación de la justicia.

Tenemos que fortalecer la justicia comunitaria.