Levantar en otros campos el estado de cosas inconstitucional en cuanto a la atención que corresponde al Gobierno de la población desplazada, como ya se hizo con la cobertura en salud, estudia la Corte Constitucional como parte del seguimiento que hace el alto Tribunal al cumplimiento de su sentencia T-025 de 2004 y varios autos complementarios, por medio de la cual ordenó a las entidades gubernamentales superar las falencias estructurales que impedían una atención adecuada de esa población.

Igualmente, como parte del diálogo permanente sobre atención a la población desplazada que sostiene la Corte Constitucional con el Gobierno nacional, este último representado por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, indicó que han decidido concentrarse en temas críticos como la situación humanitaria que se registra en la región del Pacífico.

Así se conoció ayer en el foro ‘El desplazamiento forzado en Colombia: 10 años de la sentencia T-025 de 2004’, organizado por la Universidad del Rosario con el objeto de hacer un balance del cumplimiento que ha tenido esa orden del alto Tribunal constitucional en beneficio de la población desarraigada de la época y la que se ha seguido desplazando especialmente por causas del conflicto, a una tasa de más de 100 mil personas cada año. Al punto que está en los primeros lugares entre los países con más desplazados en el mundo, 5,3 millones, según un informe publicado en junio pasado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Tal como ha sido señalado por la Corte Constitucional en varios autos de seguimiento, el criterio para declarar la superación del estado de cosas inconstitucional no es la realización de un esfuerzo presupuestal específico, el rediseño de políticas públicas, la expedición de nuevas y mejores leyes, la creación de macroestructuras administrativas, la entrega periódica de asistencia en especie o en dinero a las víctimas del desplazamiento, o el simple paso del tiempo, sino la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada.

En ese sentido la magistrada auxiliar de la sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de la Corte Constitucional, Lucía Estela García, explicó que en el año 2008 la Corte expidió el auto 116, el cual recoge el resultado de un proceso deliberativo de diálogo que sostuvo con el Gobierno nacional, órganos de control, organizaciones de la población civil, para la construcción de una denominada batería de indicadores del goce efectivo de derechos por parte de la población desplazada, con el objetivo de medir si se había cumplido o no con los parámetros que se habían señalado.

Añadió que en 2012 se hicieron seis sesiones técnicas con el objeto de hacer los reajustes necesarios en la batería de indicadores de goce efectivo de derechos, “que la Corte en este momento está evaluando, y que esto nos permite hacer ejercicios para establecer si el goce efectivo se da en determinados campos o no y si efectivamente el estado de cosas se puede levantar”.

La magistrada auxiliar señaló que en el auto 219 de 2011, “la Corte hace precisamente una evaluación frente al componente de salud para población desplazada, en el tema puntual de cobertura, y entonces declara superado el estado de cosas inconstitucional de forma parcial, excepto para comunidades étnicas”.

Es otra realidad: Gaviria

La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Paula Gaviria, dijo que como el Gobierno lo ha reconocido ante la Corte y se dijo hace una semana en el acto de conmemoración por la década que cumplió de ser expedida la sentencia T-025, “creemos que si bien el estado de cosas inconstitucional permanece a la fecha, no podemos negarlo, creemos que el país no es el mismo ni la política gubernamental se encuentra en el mismo momento de hace 10 años”.

Añadió que hoy hay nuevas realidades y contextos sobre el flagelo del desplazamiento, y de acuerdo a eso la Corte también ha ido de alguna manera actualizando esa supervisión que efectúa a la atención del Estado a esta población.

En ese sentido, la funcionaria destacó que hay avances importantes en materia de garantizar el goce de derechos, pero hay otros que se constituyen en un reto a seguir. Añadió que hay avances porque hoy los afectados por este problema son visibles, “el Estado no esconde a las víctimas, no está escondiendo las cifras ni las está maquillando”. Son 6.657.000 víctimas que están registradas, de ellas 5.700.000 víctimas de desplazamiento forzado, con corte al 1° de julio, que es la base fundamental “para el reconocimiento, para la visibilidad, pero también para el diseño y ejecución de la política (de atención)”, expresó.

Dijo también que otro de los avances frente a las fallas que se identificaron y que originaron la sentencia T-025 de 2004, es que se han mejorado notablemente los sistemas de información; adicional a que con la Ley de Víctimas se logró una mejor coordinación institucional para la atención a esta población, sumado a que esta norma junto con las que le antecede sobre el tema, proveen unas herramientas de control, de planeación, de seguimiento y de participación.

Gaviria dijo que esto permite establecer en la población desplazada otros daños más allá del desplazamiento mismo, como homicidio, tortura, violencia sexual, reclutamiento, y eso permite una respuesta más integral a esos daños.

Añadió que otros de los requerimientos que hizo en 2004 la Corte al Gobierno nacional fue destinar los recursos suficientes para la efectiva atención a los desplazados. En ese sentido dijo que en 2011 se hizo un cálculo con el universo de víctimas de ese momento y una proyección a 10 años, “que nos da $55 billones hasta el 2021, que es un presupuesto sin precedentes en términos de atención a población en situación de desplazamiento y en general de víctimas. El presupuesto que se va a invertir este año, que son $7 billones, equivale al 90% del que se invirtió en los últimos 10 años para desplazados”.

Afirmó igualmente que se está comenzando a implementar algo en que la Corte insistió mucho y que el Gobierno hasta ahora responde, es el tema del sistema de corresponsabilidad. “Ya estamos de alguna manera asumiendo la subsidiariedad frente a los municipios en el tema de la ayuda inmediata, pero está ya por firmarse, estamos en el último lobby de firmas, el decreto de corresponsabilidad, donde vamos a definir esas competencias de los departamentos y de los municipios, de la nación frente al departamento y al municipio, y entre todos para el cumplimiento de la ley”. 

Igualmente, la funcionaria anunció que en el marco del diálogo que el Gobierno y la Corte vienen sosteniendo de forma ininterrumpida sobre la atención a la población en estado de desplazamiento, “hemos tomado la decisión, en algún momento la Corte la oficializará, de concentrarnos en los temas más críticos, es el tema de los enfoques diferenciales, y haría énfasis de los críticos, el más crítico, el tema étnico. Entonces, sabemos que los desafíos de ciudades como Buenaventura, de la costa Pacífica, de todo lo que pasa en Chocó, de Tumaco, son como los grandes desafíos, no solamente del presente sino de los desafíos del posible postconflicto”.