La decisión del Gobierno de objetar la Ley para la protección de usuarios de los servicios aéreos  y devolverla al Congreso por vicios en el trámite, recibió toda clase de opiniones de sectores políticos.

Frente a este nuevo panorama al que se enfrenta el Congreso, el legislativo deberá revisar las objeciones y si las encuentra válidas pedirá que sea tramitada de nuevo.

El camino a seguir es explicado por el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, “esa es la opinión del Gobierno no quiero decir que tenga razón, eso es lo que opinan allá, no la sancionó, y ahora el Congreso tendrá que tramitar esas objeciones en las plenarias y deciden si las aceptan o no las aceptan. Si las aceptan se manda el expediente a la Corte Constitucional, porque es por inconstitucionalidad”.

Anotó que “si no se aceptan las objeciones, se aplica la figura de la insistencia y se vuelve a enviar al Gobierno que debe aceptarlas. Este proyecto empezó en Cámara, y no sé qué argumentos jurídicos tuvieron para decidir que se empezaba por esa comisión”.

Controversia

Concluyó afirmando que “si se determina que el Gobierno tiene la razón se archiva, porque el vicio sería desde el primer día”. Entre tanto, el senador Manuel Enríquez Rosero, presidente saliente de la Comisión Primera, anotó que “esas objeciones deben volver y el Congreso es el que define si las acepta. Lo que sí le quiero decir es que en ello hubo mucha controversia cuando la debatimos, yo por ejemplo tenía el temor de votar eso, porque no conocíamos bien a quién iba a afectar”.

Pero advirtió, “no le vi ninguna razón para que se hubiera tramitado por Comisión Tercera, no había ninguna derogación  presupuestal, no se estaban modificando presupuestos”. 

El senador del partido Conservador  Juan Manuel Corzo, opinó que “el Congreso revisará las razones de inconstitucionalidad que argumenta el Gobierno, se estudiará jurídicamente, fue una Ley con mucho interés para todos los colombianos, y las empresas deberán hacer también sus manifestaciones”. 

El representante Eduardo Crissien dijo que el Proyecto tuvo intervención de todas las partes afectadas incluyendo a las Aerolíneas a través de su gremio, ATAC. Añadió que esto garantiza que las medidas adoptadas no afectan la dinámica del mercado de transporte aéreo de pasajeros, los precios en los tiquetes y las promociones ofrecidas por los transportadores”.

“La presente iniciativa no afecta a ninguna de las partes y por el contrario, beneficia y protege enormemente a los pasajeros colombianos, que en adelante podrán realizar cambios, correcciones o devoluciones de tiquetes sin incurrir en las onerosas penalidades que actualmente cobran las aerolíneas”, puntualizó Eduardo Crissien

Según la oficina jurídica de la Casa de Nariño la norma tiene dos vicios de inconstitucionalidad. En primer lugar, debió haberse tramitado por las comisiones primeras o sextas por ser un tema de protección a los usuarios y no por las terceras donde se debió hacer si fuera un simple cambio al estatuto del consumidor, hacia donde se orientaba inicialmente el proyecto, según lo precisa el pliego de objeciones que se le envió al Congreso.

Allí se muestra que inicialmente el proyecto tenía tres artículos y era una reforma a una norma existente, sin embargo, durante su trámite el sentido cambió y se convirtió en una norma nueva que terminó con 10 artículos, con un tema que no es competencia de las comisiones terceras donde se aprobó.

Adiciones

El segundo vicio tiene que ver con el artículo sexto, referente a una publicación periódica con los promedios de las tarifas de los tiquetes, que fue adicionado durante la conciliación del proyecto.

Según el documento, se presentó como una proposición del senador Jorge Robledo durante una de las sesiones, pero no se debatió, por lo que la “Comisión Accidental excedió su competencia” al introducir un artículo nuevo.

La nueva Ley que fue regresada al Congreso sin sanción presidencial, reducía las penalidades por cambio en los itinerarios, al igual que protegía el derecho de los usuarios a retractarse, así como a realizar el cambio de datos personales equivocados y a informarse claramente de las condiciones de los tiquetes, entre otros.

Durante sus cuatro debates hubo fuertes críticas de los congresistas frente al desequilibrio en las penalidades que las aerolíneas cobran a sus usuarios y celebraron la iniciativa que busca lograr condiciones de equilibrio en el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros. Además de reducir drásticamente las penalidades por cambio en el itinerario del tiquete, que pasarán de 100.000 pesos a aproximadamente 30.000 pesos.

Igualmente se estableció que las aerolíneas deberán respetar el derecho a retractarse de sus usuarios, el cambio de datos personales erróneos, así como también deberán informar claramente las condiciones de los tiquetes que los usuarios están adquiriendo.