Por Giovanni E. Reyes (*)
El pasado miércoles, la organización Transparencia Internacional (www.transparency.org) -una entidad no gubernamental que desde 1993 trabaja en estudios para la caracterización de ambientes de transparencia y de entorno de desempeño de empresas, en el ámbito mundial- publicó su informe para 2014. Se analizaron 175 naciones con base en un índice cuyo valor de 100 indica la mayor transparencia -menos corrupción- y 0 significaría la corrupción total.
Los datos para América Latina no son muy alentadores, aunque existen algunos países que logran superar hasta cierto punto, los valores medios. El promedio para la región se ubicó en 45 puntos. Arriba de este nivel se encuentran –no es mucha sorpresa- las sociedades más funcionales entre las naciones latinoamericanas; o colocado de otra manera, los países menos disfuncionales: Chile y Uruguay en el puesto mundial número 21, ambos empatados allí, con 73 puntos. Aún con cifras arriba del promedio anteriormente citado, están Puerto Rico (63 puntos), Costa Rica (54), Cuba (46) y Colombia en el puesto (37 puntos) , ubicándose en el puesto 94.
Esas son las naciones y territorios arriba del promedio regional, lo que deja un amplio margen de mejoras en el tema de transparencia en los países. El informe señala que las naciones en donde existiría mayor corrupción -menor grado de transparencia- son: Venezuela, en el puesto 161 con 19 puntos, y Paraguay (puesto 150 con 24 puntos).
Estos datos, una vez más, están confirmando lo que existen dos rasgos estructurales, permanentes, de las sociedades latinoamericanas.
Como primer aspecto se tiene que a mayor corrupción, los países parecen hundirse en ciclos viciosos, en dinámicas de causación acumulativas que van depredando los recursos, en donde con menores productividades hay menor capacidad de acumulación y de reinversión, en donde se desperdicia el talento o capital humano. Algo que es parte de la teoría del desarrollo que le valió el Premio Nobel de Economía en 1974, al economista sueco Gunnar Myrdal (1898-1987).
Además de estar aparejado el aparecimiento de corrupción con los ciclos viciosos del subdesarrollo y la disfuncionalidad social, a este estado de cosas se agrega –y este es un componente muy importante- la existencia de instituciones excluyentes. Es decir instituciones de “acceso restringido” o “acceso privilegiado” que operan a contravía de ampliar las oportunidades para grandes conglomerados sociales. En otras palabras, para obtener condiciones de desarrollo sostenible y sustentable se requiere de instituciones incluyentes. Este es uno de los argumentos esenciales que sostienen los profesores Daren Acemoglu y James Robinson, en la obra “Why Nations Fail”.
De allí que se mantengan niveles de pobreza altos en algunos países. Precisamente en las naciones menos funcionales; este grupo o “cluster” de sociedades más vulnerables, está formado por Haití, Nicaragua, Honduras, Guyana, Guatemala y hasta cierto punto persiste en Bolivia.
Un segundo aspecto es el referente a la corrupción como un fenómeno que interfiere en la asignación eficiente, eficaz y oportuna de los recursos de un sistema económico, pero que a la vez favorece a determinados individuos y grupos tanto del sector público como de las empresas privadas. Esto es de subrayarlo. No solo es el conjunto de entidades públicas las que están involucradas en la opacidad de las operaciones, en corrupción, son también, por lo general, empresas privadas.
Con base en lo anterior se tiene que, parte de las condiciones de subdesarrollo de muchos países latinoamericanos, se centran en tener sistemas públicos ineficientes, muchas veces contribuyendo a la ilegitimidad de los gobiernos o bien abiertamente involucrados en actos de corrupción. Esto por una parte, pero también por la otra, tenemos la evidencia de empresas rentistas, que buscan el “dinero rápido, fácil y efectivo” (DRFE) como lo señalaba el espléndido nombre de una empresa captadora de dinero en Colombia, en el primer quinquenio del Siglo XXI.
Eso del dinero fácil y rápido viene desde los tiempos de la conquista –o invasión, según versiones de los indígenas mayas de Guatemala. Precisamente era rentismo el que se deseaba establecer con las explotaciones mineras de los tiempos coloniales –recuérdese los casos de búsqueda de El Dorado, de las minas de México, o del legendario Potosí en el Alto Perú, hoy Bolivia.
Es preciso dejar atrás, con trabajo infatigable, los notables niveles de corrupción. Para ello es ineludible el imperativo de la ley. Pero más importante aún, el factor educativo, de conocimiento y vivencia de valores, de una ética y moral que apunten al bienestar común, al respeto de la persona humana. Se trata de desafíos profundos, que están en el corazón mismo que motiva el desempeño individual y social.
Sí, indiscutiblemente se trata de retos tan difíciles como impostergables.
(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.