La clase dirigente de este Departamento está involucrada en muchos de los escándalos por malversación de fondos. Supuestos enfermos, falsos alumnos y profesores pensionados, obras que nunca se realizaron forman parte del multimillonario robo
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Uno de los principales problemas que tiene el país es la corrupción y uno de los lugares del territorio nacional donde este fenómeno ha sido más visible en los últimos años es el departamento de Córdoba.
Los resultados de las investigaciones de la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría y la Defensoría del Pueblo señalan a esta zona del territorio nacional como una donde la práctica de la corrupción se ha enquistado.
Salud, educación, ambiente, infraestructura, justicia y otros sectores han sido permeados por los corruptos.
Salud
Uno de los sectores que se han visto más afectados por la corrupción en el de salud. En este campo las autoridades han detectado entre otros carteles como el de la hemofilia, el de síndrome de down y más recientemente el del SIDA.
En el cartel de la Hemofilia, el primer aviso lo dio la Contraloría General de la República en 2016 y consistía en utilizar personas que fingieran padecer hemofilia y por medio de ellas se hicieran cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
Posterior al cobro de estos, el dinero sería redistribuido entre los falsos pacientes y varios funcionarios públicos de la Gobernación de Córdoba, para ese entonces en cabeza de Alejandro Lyons Muskus.
Estos actos de ilegalidad produjeron la pérdida de unos $50 mil millones que entre falsos pacientes y medicamentos sin entregar quedaron en los bolsillos de los corruptos.
A causa de este desfalco, el Ministerio de Salud, decidió congelarle al departamento los recursos por medicamentos no POS.
Igualmente por el cartel de la hemofilia la Fiscalía General expidió cinco órdenes de captura.
En el caso del cartel del Síndrome de Down. En este caso se vio involucrada Ana Karina Elías, prima del exsenador Bernardo Elías.
Según las investigaciones la señora Elías sería la cabeza visible de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, a la cual les habrían pagado cerca de $10 mil millones en supuestas terapias de neurodesarrollo a niños que no padecían la enfermedad.
La investigación revela que la representante legal de la misma IPS, era Diana Carolina Spath Espinosa, prima de Sami Spath Storino, abogado y asesor jurídico de la administración del anterior mandatario Alejandro Lyons.
Pese a que inicialmente se pagaba dos millones de pesos por cada niño con síndrome de Down, con la aparición de la IPS señalada los pagos se elevaron a cinco millones de pesos por cada uno, hecho que fue investigados por la Contraloría General de la Nación que detectó que hubo 42 pacientes a los que no se les hizo el tratamiento completo.
El cartel del SIDA es el de más reciente descubrimiento y fue destapado por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. Consiste en pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud, o a fallos de tutela. Se trata de pacientes de régimen subsidiado. En algunos casos las EPS pagaban a la caja y el departamento le pagaba a la caja, y ese era el sistema para desangrar los recursos", explicó Carrillo.
Por ahora, las investigaciones recaen sobre la administración del gobernador Edwin Besaile, quien está suspendido por el mismo ente de control en medio de un proceso disciplinario por el cartel de la hemofilia.
Infraestructura
Otro de los sectores que se ha visto afectado en sus recursos por los desvíos causados por la corrupción es el de infraestructura.
Se han abierto investigaciones por posibles irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo No. 4 de 2011, suscrito ente la Alcaldía del municipio de Tuchín y el representante legal de Funayuda para la construcción del acueducto y distribución de redes para varias comunidades
Igualmente se han detectado irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Unión Temporal Alto Sinú, cuyo objeto es la terminación de la construcción de un puente sobre el Rio Sinú, en el municipio de Valencia, y la realización de obras de protección ambiental.
Los entes de investigación han encontrado asuntos sospechosos en un contrato interadministrativo de cofinanciación suscrito entre la Gobernación de Córdoba y el Municipio de Montería, cuyo objeto es la construcción del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
Al igual que algunos problemas en la celebración y ejecución del contrato para la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería.
Alumnos fantasmas
Pero si en salud e infraestructura la situación alarma, no hay duda que en materia de educación no cambia mucho.
La Secretaría de Educación de Lorica al parecer habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en la matrícula de 2.871 estudiantes inexistentes.
Se investiga la celebración y ejecución del contrato de aporte de diciembre de 2014 suscrito entre el ICBF, Regional Córdoba y la Fundación Tierra Nuestra, cuyo objeto es atender a niños y niñas menores de 5 años en los servicios de educación inicial y cuidado.
El desfalco en este tema ha dejado dineros refundidos por ha dejado $350 mil millones e investigaciones por muertes como la del exsecretario de Educación, Miguel Chica.
Pero no solo de alumnos fantasmas se trata, en el carel de la educación se movieron dinero de forma irregular para el pago de mesadas pensionales.
El cartel de la educación se dio entre los años 2008 y 2009 cuando se expidieron en Córdoba 857 resoluciones presuntamente irregulares, sin el visto bueno de la Previsora, para reconocer el ajuste a la pensión de jubilación a maestros con 50 años de edad y 20 de servicio.
De esas resoluciones 498 eran de personas por fuera del régimen citado y las otras 271 de personas que no son docentes y a quienes les falsificaron las firmas para hacer las correspondientes reclamaciones contra el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y la fiduciaria, para obtener el pago del reajuste de pensionados que les otorgaron los poderes.
Regalías
Por el cartel de las regalías, se habrían malversado recursos de ciencia y tecnología por $85 mil millones. Ya fueron capturados por estos hechos Luis Vega, Juan Gualdrón, representante de Conif; Miguel Benjumea, exdirector de regalías, y Maximiliano García y Jesús Henao, quienes ya venían privados de la libertad por el homicidio del ex jefe de Regalías, Jairo Zappa, ocurrido en marzo de 2014.