A medida que el Gobierno trata de implementar la Ley de Tierras, descubrió que el Estado ha perdido en los últimos años 500 mil hectáreas, en medio de la penumbra de Notarías y Oficinas de Registro, confirmando que los únicos despojados no son las 350 mil familias víctimas del conflicto armado.
Así lo hizo saber el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo Salazar, quien afirmó que, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, este nuevo tipo de despojo está saliendo a la luz pública.
“Hemos encontrado que al Estado le han quitado gran cantidad de hectáreas, no por la violencia sino por la penumbra de las Notarías y Oficinas de Registro, como es el caso de Carimagua y Mapiripán”, precisó el Ministro.
Al respecto, el presidente de la Unión Colegiada del Notariado colombiano Álvaro Rojas respondió que en este momento las decisiones judiciales se han venido desarrollando con transparencia y que “la Unión del Notariado no delinque, no se ha robado un centímetro de tierra ni es responsable del fenómeno porque no adjudica tierras”.
Según el directivo, hasta el momento no se ha sentenciado a un notario que haya sido declarado culpable, y quien resulte responsable tendrá que asumir las decisiones judiciales. Por el contrario, expresó, “nosotros somos quienes ayudamos al Estado por medio de informes de operaciones sospechosas”.
De otro lado, Restrepo Salazar indicó que las tierras despojadas al Estado, sumadas a las de las víctimas, podrían alcanzar el millón de hectáreas que estarían disponibles para adelantar programas de reforma agraria.
Además, recordó que la Dirección de Estupefacientes ha decomisado cerca de 500 mil hectáreas a narcotraficantes, de las cuales ya 100 mil tienen extinción de dominio, y están disponibles para la entrega de tierras.
Precisó el funcionario que el Estado colombiano cuenta con un banco suficientemente holgado de tierras. “Ya no sucede lo mismo que sucedió en el siglo pasado cuando funcionaba el Incora”, dijo.
Por otra parte, Restrepo aclaró que en el último cuarto de siglo se presentaron en Colombia fenómenos de abandono forzado de cerca de 4 millones de hectáreas, por lo cual, la Ley podría beneficiar a 350 mil familias, a quienes se les despojó no menos de dos millones de hectáreas.
De acuerdo con el Ministro, la aplicación de esta Ley plantea dificultades. “Una de estas es la seguridad para quienes están reivindicando sus tierras”, dijo. Por eso, se ha desplegado todo lo que humanamente se puede para garantizar la seguridad de estas personas.
De otro lado, hizo referencia al despojo de tierras por parte de la guerrilla y dijo que "esto se ha evidenciado en los computadores del 'Mono Jojoy'.
“También se descubrió que en la penumbra de las Notarías y en el sigilo cómplice de las Oficinas de Registro, sucedió el caso de 'Cuchillo', que se hizo adjudicar 40 mil hectáreas subrepticiamente", puntualizó.
Asimismo, se encontraron pruebas de usurpación de al menos 52 mil hectáreas de tierras en el Tayrona, territorio protegido por el Estado debido a su importancia natural y por la presencia de varios pueblos indígenas.
Según el superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, funcionarios públicos habrían ayudado a este fin con familias pudientes. “Hay problemas jurídicos bastante complicados, que nos confirma que hubo una usurpación de tierras”, explicó el funcionario.