La falta de sanción es una de las principales razones para que se generen actos de corrupción al interior de las entidades públicas. Llama la atención esta percepción de  los propios funcionarios, si se tiene en cuenta que el actual Gobierno produjo un estatuto anticorrupción.

Así lo indican las Encuestas Sobre Desempeño Institucional 2012, Prevención Prácticas Irregulares, a cargo del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en conjunto con la Presidencia de la República, específicamente con la Consejería para la Transparencia.

El estudio se realizó entre el 1º de agosto y el 14 de septiembre del año anterior a 18.975 servidores públicos de 166 entidades del orden nacional.

Si bien el objetivo de la encuesta no es medir directamente el tema de la corrupción en las entidades del Estado, sí estudia la percepción de los servidores públicos sobre condiciones organizacionales que prevengan el desarrollo de prácticas irregulares.

En ese sentido ante la pregunta ¿qué tanto pueden influir los siguientes factores en el desarrollo de prácticas irregulares en la administración pública?, un 59,7% de los funcionarios contestaron que la falta de sanción influye mucho.

Al tiempo que paradójicamente un 52,1% señaló que influye mucho los vacíos o la falta de claridad en la legislación y regulación.

Este resultado de la encuesta llama la atención sobre qué tanto conocen los funcionarios públicos sobre la normatividad y las sanciones a que se exponen por violarla.

Vale recordar que a mediados del año 2011 el presidente Santos sancionó el Estatuto Anticorrupción para combatir esta práctica al interior del Estado, el cual presentó su administración al Congreso, con el ánimo de combatir uno de los flagelos más grandes que afectan el país.

Este Estatuto se basa, principalmente, en la aplicación efectiva de las normas, la acción preventiva, la colaboración ciudadana, la cultura de la legalidad y la coordinación entre los cuatro elementos anteriores.

 

Denuncia

La encuesta también pregunto a los funcionarios públicos que laboran en entidades del orden nacional: ¿Qué tan seguro se sentiría reportando una práctica irregular?

Un 50,8% de los encuestados respondió que se sentiría más seguro informando a su jefe de un hecho irregular, un 46% denunciando ante la Procuraduría General, un 45,2% ante la autoridad máxima dentro de la entidad, un 44,3% a la Contraloría General de la República, un 42,6% a la Fiscalía.

Paradójicamente solo un 23,5% de los encuestados se sentiría seguro de denunciar un hecho de corrupción a los medios de comunicación. Un indicador que da para pensar si se tiene en cuenta el papel que han tenido los medios de comunicación en descubrir los principales hechos de corrupción en este país.

Frente a este punto el consejero Galán dijo que hay que aprovechar una herramienta que creo la OEA, y es una ley modelo de protección a los denunciantes, “para que los denunciantes de casos de corrupción se sientan seguros a la hora de presentar una información que conocen a las autoridades”.  

 

Prevención

Una buena noticia que revela el estudio es que según la percepción de los servidores públicos el fortalecimiento del control interno es la estrategia que ha sido más efectiva en los últimos doce meses para prevenir la incidencia de prácticas irregulares en su entidad. Así lo consideró un 31,5% de los encuestados.

En ese sentido Galán recordó que el presidente Santos impulsó en el Estatuto Anticorrupción, que los jefes de control interno en las entidades del orden nacional serán nombrados directamente por el Jefe de Estado.

En contraposición, solo un 15,8% considera que la promoción de veedurías ciudadanas ha sido muy efectiva en el último año para prevenir actos de corrupción al interior de las entidades.

En ese sentido el alto Consejero para la Transparencia, Carlos Fernando Galán, dijo que la promoción del control social a través de estas veedurías es uno de los propósitos que tiene el Gobierno nacional en la construcción de la política anticorrupción que está adelantando.

 

Desconocimiento

Otro elemento a tener en cuenta según la encuesta que adelantaron el DANE y la Consejería para la Transparencia es el bajo conocimiento que tienen los funcionarios frente a algunas prácticas irregulares, a pesar de que en la población encuestada hay directores, asesores, profesionales técnicos así como personal asistencial.

En este sentido a la pregunta “durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las siguientes prácticas en su entidad? Un 62,6% de los servidores contestó que no tenía conocimiento si se obstaculizaron procesos de rendición de cuentas, aunque un 31% dijo que nunca se presentó este hecho.

Igualmente un 64% dijo desconocer si algún funcionario solicitó dinero, favores o regalos a cambio de evitar o agilizar un trámite. Sin embargo un 2,9% contestó que algunas veces se ha presentado esta situación en la entidad en la que labora

Por su parte un 62,4% dijo desconocer si la entidad a la que presta sus servicios adulteró o maquillo informes; aunque un 3,6% de los consultados señaló que esta situación se ha presentado en algunas oportunidades.

Sin embargo esta pregunta da para revisar el tema de la persecución laboral, pues a pesar de que un 46,2% dijo desconocer si se ha presentado esta situación, un 16,8% aseguró que se ha presentado en algunas ocasiones y un 7,5% dijo que es una situación frecuente.

 

 

 

 

 

Presiones indebidas

Otro elemento que muestra la encuesta es que no son extrañas las influencias en la entidad por parte de actores externos, incluso del alto gobierno.

Ante la pregunta “durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores ejercieron alguna influencia indebida en la entidad?, un 12,4% señaló que influyeron altos funcionarios del gobierno.

Mientras que un 12,2% señaló que congresistas influyeron de forma indebida en su entidad; luego fueron señalados con un 6% los contratistas y los grupos económicos.

 

 

Vinculación laboral

Frente a la pregunta durante los últimos 12 meses, en la entidad, la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción se dio por…

Un 26,4% de los encuestados señaló que se produjo por influencias políticas. En este indicador se nota una reducción pues había sido del 41% en la misma encuesta que se realizó en el año 2010. En tanto que un 18,5% señaló que las vinculaciones laborales en su entidad son por vínculos regionalistas. Aquí también se ve una reducción pues fue del 30,2% en el estudio del año 2010.

Mientras que un 14,2% indicó que las vinculaciones laborales se dieron por intercambio de favores. En la encuesta de 2010 este indicador fue de 26%.

 

 

 

 

Resultados contra la corrupción

Durante su Gobierno han sido descubiertos “focos de corrupción” en los sectores de la salud, la educación y los impuestos, entre otros, destacó ayer el presidente Santos durante la posesión del procurador Alejandro Ordóñez para un segundo periodo.

Dijo que tales resultados han sido concretados “a partir del Estatuto Anticorrupción. Son pasos decisivos hacia una gestión pública más eficiente y transparente”.

 

El Jefe de Estado señaló que con el concurso de los organismos de control en el caso de los recobros de salud, “ya hay 19 personas vinculadas, 17 detenidas y una destituida”.

 

Sobre esa defraudación el Presidente explicó que la Contraloría calcula que “el daño patrimonial aquí es superior a los dos billones de pesos”.

 

Así mismo, el Presidente señaló sobre la corrupción en el sistema educativo que “un gobernador fue destituido a raíz del proceso de investigación sobre los ‘niños fantasma’ que encontramos matriculados en colegios oficiales”.

 

“En este caso, el daño que calcula la Contraloría supera los 190 mil millones de pesos”, agregó el Mandatario.

 

En relación con el caso del fraude a la DIAN (Dirección Nacional de Impuestos Nacionales), el Presidente señaló que “hay 26 personas capturadas que están enfrentando penas entre los 54 meses y los 26 años de cárcel”.

 

Sostuvo el Presidente que “aquí el monto estimado del fraude

 –por la propia entidad– es de 3,8 billones de pesos”.

 

Santos afirmó también que “según la encuesta de Desempeño Institucional revelada por el DANE, que incluyó entrevistas a más de 18 mil servidores públicos –en temas clave como la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la vinculación de contratistas, la contratación y la ejecución presupuestal–, del 2010 al 2012 hay una caída sustancial en percepción de prácticas irregulares por los servidores en sus entidades”, precisó el Jefe de Estado.

 

De acuerdo con el Presidente Santos, esto significa que hay una menor percepción de prácticas como los pagos extraoficiales, el intercambio de favores, las influencias políticas, o los vínculos personales, familiares o de amistad como factores que influyen en las decisiones de las entidades.

 

Vamos por el camino correcto: Carlos Fernando Galán

El consejero para la Transparencia, Carlos Fernando Galán, dijo que “vamos por el camino correcto” al presentar los resultados de la Encuesta Sobre Desempeño Institucional 2012.

Añadió que la lucha contra el flagelo de la corrupción ha sido una prioridad de esta administración Santos, al punto que por primera vez un Gobierno incluyó el tema anticorrupción en el Plan de Desarrollo, “eso no lo había hecho ningún gobierno hasta ahora”.

Añadió que en ese sentido también se sacó adelante una iniciativa legislativa como el Estatuto Anticorrupción, que permitió fortalecer la capacidad del estado para investigar los casos de corrupción, “que permitió también visibilizar los conflictos de interés, que dio herramientas para agilizar procesos, por ejemplo a la Contraloría, a la Procuraduría, que creó una institucionalidad adicional para prevenir la corrupción y para enfrentarla”.

Sin embargo Galán dijo que no solo a punta de normas se logra combatir la corrupción sino hay que ayudarse de cambios institucionales e incluso culturales al interior de las instituciones, “y por eso los resultados de estas encuestas son interesantes en el camino que hemos recorrido y el camino que tenemos por recorrer”.

Dijo que en esta lucha contra la corrupción se ha tenido especial atención por el tema de la contratación, al punto que se ha llegado a una sobre regulación en los procesos contractuales. Por eso “los funcionarios públicos que participan en procesos contractuales sienten que es cada vez más engorroso un proceso contractual porque las normas que regulan son complicadísimas, muchas veces de poco conocimiento por parte del servidor público”. Dijo que en eso se está trabajando para simplificar este proceso.