El presidente del máximo tribunal venezolano, Maikel Moreno, denunció este jueves que funcionarios corruptos exigían dinero a su nombre a cambio de favorecer a procesados con decisiones judiciales.

Al menos un juez y dos abogados están implicados en esta "red de extorsión", por lo que una corte de control de Caracas ordenó su captura, según un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"El grupo de imputados usó mi nombre y el de otros magistrados para solicitar sumas de dinero y ser favorecidos en decisiones judiciales", señaló por su parte Moreno en Twitter.

El TSJ indicó que no descarta que esas personas estén ligadas a una presunta red que operaba en la Fiscalía y extorsionaba a empresarios petroleros corruptos a cambio de no acusarlos. 

Según el fiscal general, Tarek William Saab, ese grupo era supuestamente liderado por el diputado Germán Ferrer, esposo de su destituida antecesora, Luisa Ortega.

La exfiscal, que niega las acusaciones, huyó a Colombia hace dos semanas con su marido alegando una persecución política.

Desde entonces incrementó las denuncias contra el presidente Nicolás Maduro por supuestamente estar implicado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega mantuvo una línea oficialista hasta finales de marzo pasado, cuando denunció que Maduro -al que ahora tilda de "dictador"- había roto el orden constitucional.

Fue destituida por la Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos desde el pasado 4 de agosto.

El TSJ -acusado de servir al gobierno- informó que están marcha otros "procedimientos para desmantelar estos grupos de extorsión" que lo suplantaban.

Según Moreno, una vez conoció el caso lo trasladó a la dirección de contrainteligencia militar que, según reveló, cuenta con un grupo especializado a través del cual canaliza las denuncias que recibe en su despacho.

Doctor en derecho constitucional y expolicía, el magistrado asumió la presidencia del TSJ en febrero último, en medio del rechazo de la oposición que consideró que no cumplía con las condiciones para el cargo al haber purgado una condena por homicidio a finales de los años 1980.