A identificar los puntos débiles en los procesos administrativos para mejorar su gestión, se comprometió el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo en el desarrollo del acuerdo contra la corrupción firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Transparencia por Colombia.

En una nueva etapa del convenio, el Parlamentario dijo que en lo corrido de este año se comenzará a realizar un mapa de riesgos de aquellos procesos que afectan los procesos de transparencia.

“A partir de este plan y mapa de riesgos empezaremos acciones todo el año y al final de periodo hacer el balance y ver que su administración funciona mejor. Lo que queremos cuando termine este proceso es tener a unos funcionarios más capacitados”, declaró Cristo.

El Senador detalló que se comenzarán a aplicar las medidas incluidas en el Plan Nacional de Anticorrupción.

“(…) como la supervisión de requisitos de los funcionarios, de metas para cumplir, del manual de contratación, mayor transparencia a la información. Vamos a estar midiendo con el acompañamiento con Transparencia”, precisó.

Dijo que entre los procesos que se evaluarán estarán la contratación y el acceso a la información, entre otros.

“No solo queremos mirar el tema de contratación, sino del manejo del recurso humano, de eficiencia, acceso del ciudadano al Congreso. Esos son indicadores que vamos a tener a la mano para mostrar un cambio de actitud hacia los ciudadanos, no solo de los congresistas sino de los funcionarios”, subrayó.

“Necesitamos cada día darles mayor tranquilidad a los ciudadanos de que aquí los procesos en el Congreso se manejan bien y de manera transparente”, recalcó Cristo.

Carta de navegación

Por su parte,  Astrid Salamanca, directora Administrativa del Senado explicó que el Plan será la carta de navegación de la Corporación.

“El Plan Anticorrupción es nuestra carta de navegación desde la parte administrativa. Se ha visto el acompañamiento de la Presidencia a través del impulso de este convenio con el BID”, manifestó.

A su turno, la directora del área del Sector Público de Transparencia por Colombia, Marcela Restrepo, dijo que el convenio le permitirá corregir las fallas administrativas que se han detectado en el Congreso.

 “Hemos venido evaluando las condiciones de transparencia del Senado, al mismo tiempo que hemos aplicado diversas encuestas y lo que ha salido en las encuestas de transparencia es que el Senado presenta debilidades institucionales que hace que tengan riesgos de corrupción. No podemos evaluar la corrupción porque no tenemos todo el acceso a la información pero sí hemos venido diciendo que hay riesgos que hacen que el Senado sea más vulnerable a hechos de corrupción”, expresó Restrepo.

La especialista detalló que se tomarán correctivos en diferentes áreas evaluadas.

“Entre los elementos analizados están: debilidades en la rendición de cuentas, problemas en la gestión de la información, información desactualizada, una página web que no tiene toda la información que debería tener, sistemas de contratación obsoletos. Con esa información se formula el plan de acción”, sostuvo.

Restrepo recordó que en el último informe del Barómetro de las Américas, el Congreso colombiano obtuvo 30 puntos sobre 100.

“En la evaluación del 2010, Cámara y Senado presentaron las calificaciones más bajas, calificaciones cercanas a los 30 puntos de 100 en términos de transparencia y lucha contra la corrupción”, precisó.

Percepción

El más reciente informe del Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International concluyó que más de la mitad de los colombianos cree que la corrupción ha aumentado en los dos últimos años, una tendencia que se mantiene en las Américas y en los otros 106 países que fueron incluidos en esta octava edición de la encuesta.

Sin embargo, ante este preocupante panorama, la nota positiva la ofrecen los ciudadanos, quienes afirman que quieren actuar: el 97% de los colombianos encuestados dice estar dispuesto a involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción. Esta cifra es 18 puntos porcentuales más alta que la reportada en el 2010.

Las opiniones sobre la ineficiencia de las medidas del Gobierno para combatir la corrupción -algo observado por el 56% de los colombianos-, y la percepción de la gravedad del problema en el sector público por parte de un 62% de los encuestados, parecen ‘activar’ la corresponsabilidad de los ciudadanos.

Las maneras en que los colombianos manifestaron querer actuar contra la corrupción van desde la presión social a sus gobernantes suscribiendo peticiones (87%), hasta el activismo en redes sociales (80%). Por otro lado, se destaca el interés en reportar hechos de corrupción. Para el caso de Colombia, en 2010 el 86% de los encuestados afirmó estar dispuesto a hacerlo, y en 2013 este porcentaje se elevó a 91%.

Sin embargo, cuando se pregunta ante quién haría la denuncia, el 33% de los encuestados asegura que ante medios de comunicación, mientras que un 21% recurriría directamente a la institución pública, o a una línea de atención del Gobierno (31%).

Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, estas cifras revelan, además de la importancia de los medios en la lucha frente a la corrupción, “la necesidad urgente de desarrollar políticas, mecanismos y canales expeditos para recibir y procesar las denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción y mecanismos de protección a denunciantes. Sin esto, esa voluntad ciudadana se perderá”.

El Barómetro también evidencia la poca confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de representarlos y de diseñar políticas para combatir la corrupción. Es así como los partidos políticos y el Congreso son percibidos por los colombianos como muy corruptos, con una calificación de 4,3 (siendo 1 nada corrupto y 5 muy corrupto), situación que se repite en los demás países de la región.

Le siguen en esta pésima opinión el sistema judicial (3,8), los servicios médicos (3,8) y las fuerzas militares (3,4).

En Colombia las prácticas de corrupción parecen estar más asociadas a la incidencia indebida de intereses corporativos en el Gobierno, que al soborno para acceder a servicios públicos. El 32% de los colombianos encuestados cree que un número reducido de grupos de interés incide “totalmente” en el Gobierno para su propio beneficio, mientras que  el porcentaje de personas que paga soborno representa  sólo el 22% de los encuestados.