Elogiada por la lucha contra la corrupción en su primer gobierno, Dilma Rousseff quizá nunca imaginó que iniciaría su segundo mandato en Brasil con el monstruo instalado en casa: un millonario escándalo de sobornos en la estatal Petrobras.

De 67 años, Rousseff jurará mañana para su segundo y último mandato consecutivo de cuatro años, tras vencer en segundo turno al opositor socialdemócrata Aecio Neves por un estrecho margen de 3,3% en octubre.

La presidenta de Brasil, que gobierna con una amplia base de partidos aliados, enfrentará de entrada el mayor caso de corrupción descubierto en la empresa más grande del país: la concesión de contratos a un cartel de compañías privadas que a cambio pagaban sobornos.

El sofisticado esquema también involucra a políticos oficialistas, según el principal delator de la red. 

"Iniciar un mandato de esa forma es como empezar una lucha de boxeo contra las cuerdas", dijo el politólogo brasileño Fernando Filgueiras, autor del estudio "Corrupción, democracia y legitimidad".

A diferencia de hace cuatro años, cuando su llegada al poder dio lugar a una luna de miel con el electorado, que se mantuvo hasta las masivas manifestaciones de 2013, esta vez la gobernante del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) no tendrá tregua.

El caso Petrobras puede no solo hacer descarrilar a la mayor empresa e inversionista de Brasil, sino también devorar el capital político de Rousseff, ya minado por el descenso de su popularidad -del 79% al 52% desde 2013-, y la estancada economía, que difícilmente crecerá este año.

"Cuando la economía patina, y en este caso Petrobras es importante para que la economía despegue, por el tamaño de sus inversiones, el problema de la corrupción se agrava, y agota el capital político de la presidenta", comentó Filgueiras. 

La justicia procesa a 39 presuntos implicados en la trama. El delator, un exdirectivo de Petrobras que colabora con las autoridades a cambio de una rebaja de la pena, vinculó a la red de corrupción a decenas de políticos, muchos de ellos cercanos a Rousseff, mientras la Policía estimó que el esquema movió unos 4.000 millones de dólares en la última década.

"El 2015 se caracterizará por el desarrollo político de este escándalo, porque hasta ahora lo que se conoció fue la relación de los contratistas con Petrobras, pero la vertiente política todavía no fue abordada, y eso traerá muchas dificultades" al gobierno, declaró a la AFP Gil Castello Branco, director de la ONG anticorrupción Cuentas Abiertas./AFP