Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) detectó graves problemas de corrupción en el acceso a la tierra en 61 países, entre ellos Colombia.
"Ha surgido una presión sin precedentes sobre la tierra, con nuevas áreas dedicadas al cultivo, ocupadas por la expansión de los centros urbanos o abandonadas a causa de la degradación, el cambio climático o los conflictos", asegura el estudio divulgado en Roma por las dos entidades internacionales.

Estos hechos han sometido a gran tensión las reglas, procesos e instituciones que determinan qué recursos de la tierra se utilizan, quién lo hace, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones", asegura el documento de trabajo.

"Las conclusiones del documento reflejan lo que hemos estado escuchando durante años en boca de los campesinos, ganaderos, inversores, gobiernos y ONG en muchos países en desarrollo: que donde la gobernanza de la tierra es deficiente, existe un elevado riesgo de corrupción", señaló  Alexander Mueller, Director General Adjunto de la FAO para Recursos Naturales.

El documento subraya que "la corrupción con respecto a la tierra" abarca desde sobornos y fraude a pequeña escala hasta abusos a alto nivel por el poder gubernamental y los círculos políticos.

El país
"La carrera para invertir en biocombustibles como forma de mitigar el cambio climático es una de las presiones que afectan al uso de la tierra en muchas naciones", sostiene el informe, que cita como ejemplo a Colombia.

"En el caso de Colombia, la rápida expansión de los cultivos de aceite de palma ha sido relacionada con grupos paramilitares contratados por particulares para expulsar a grupos de campesinos pobres de sus tierras" y utilizarlas en cultivos rentables como los biocombustibles.

El estudio cita un informe oficial que estableció que unas 25.000 hectáreas han sido ilegítimamente adquiridas por particulares para el cultivo de aceite de palma.

Este informe de la FAO y TI es el segundo que en menos de dos meses advierte sobre los problemas de tenencia de la tierra en Colombia. Primero fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el que denunció que toda la estructura de tenencia de la tierra y la estructura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano.
El informe reveló que en Colombia 52,2% de las tierras son latifundios (con más de 500 hectáreas) y están en manos de 1,15% de los propietarios. En contraste, 78,3% de los propietarios agrarios tiene microfundios.

Estas cifras se reflejan en el coeficiente Gini de Colombia, de 0,85, uno de lo más altos de América Latina. El valor 1 indica la más alta desigualdad en este tipo de medición, según la ONU. Además, lejos de las ciudades, la desigualdad se ahonda: 64,3% de la población rural vive en la pobreza, frente a 45,5% de la población urbana. El 31,6% de los colombianos habita en el campo.

El PNUD indicó además que un bajo porcentaje de tierras está dedicado a uso agrícola (4,9 millones de hectáreas, equivalentes a 22,7% del potencial disponible de 21,5 millones de hectáreas), en parte debido al conflicto y a la falta de incentivos.

En cambio, 5,8 millones de hectáreas están destinadas a la minería, por lo que la agencia de la ONU hizo un llamado a una reforma con "intervención decisiva del Estado".
Precisamente, el Gobierno está empeñado en un proceso de democratización de la tenencia de la tierra. De un lado, con base en la Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia, lanzó un agresivo programa de restitución de tierras a desplazados y despojados de sus predios rurales por los violentos. La meta es devolver antes de 2014 al menos dos millones de hectáreas a campesinos despojados por la violencia de los grupos armados.

Es más, según cifras del Incoder, a octubre ya habían adjudicado 214.410 hectáreas con 9.676 metros cuadrados de terrenos baldíos, correspondientes a 7.025 resoluciones de adjudicación expedidas, beneficiando a igual número de familias campesinas de todo el país.

De igual manera hay procesos penales, disciplinarios y fiscales contra un gran número de particulares, notarios, registradores y otros funcionarios por estar inmersos en procesos de fraudes y legalización espurea de predios robados por guerrilla y paramilitares a humildes campesinos.

Es más, la semana pasada el propio presidente Santos advirtió que había sectores que buscaban impedir la restitución de la tierra a los desplazados y que el Estado no se dejaría arrodillar por estas mafias. Por lo menos una decena de líderes de asociaciones reclamantes de predios han sido asesinados en los últimos 15 meses.

Conclusiones
Las conclusiones del documento de la FAO y TI confirman las denuncias hechas durante años por campesinos, ganaderos, inversores, gobiernos y ONG en muchos países en desarrollo.

"Donde la gobernanza de la tierra es deficiente, existe un elevado riesgo de corrupción", aseguró Mueller. "El acceso seguro a la tierra y la protección de los recursos naturales de un uso incontrolado es una de las claves para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad social, las inversiones, un crecimiento económico de amplia base y el desarrollo sostenible", añadió Mueller.

"Cuando no existe transparencia ni se rinden cuentas, aumenta el riesgo de corrupción y la amenaza de convertir la tierra en una herramienta para la alienación de la gente corriente", comentó Rueben Lifuka, presidente de Transparencia Internacional en Zambia y miembro de la junta directiva del organismo.

"Muchos países con dificultades de gobernanza y corrupción son considerados los destinos más atractivos para las inversiones en biocombustibles", reconoce el documento.
La FAO y TI han decidido ampliar la investigación y celebrar reuniones sobre la cuestión de la corrupción y la tenencia de la tierra. "El desafío de mejorar la gobernanza de la tierra está siendo abordado en la actualidad por la FAO y sus asociados a través de unas directrices propuestas a la comunidad internacional", anunció la entidad.

Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable en la tenencia de la tierra se debaten actualmente en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) de Naciones Unidas.

El documento de trabajo concluye que la corrupción con respecto a la tierra varía desde sobornos y fraude a pequeña escala a abusos a alto nivel desde el poder gubernamental y los círculos políticos.

La carrera para invertir en biocombustibles como forma de mitigar el cambio climático es una de las presiones que afectan al uso de la tierra en muchas naciones, en especial desde que "muchos países con dificultades de gobernanza y corrupción son considerados los destinos más atractivos para las inversiones en biocombustibles", según el documento.
De otro lado, el desafío de mejorar la gobernanza de la tierra está siendo abordado en la actualidad por la FAO y sus asociados a través de unas directrices propuestas a la comunidad internacional.
/AFP – EL NUEVO SIGLO