Reforzar la labor de la Superintendencia de Economía Solidaria para hacerle frente al aumento de cooperativas falsas de aporte y crédito en el país, fue el llamado que hizo la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) ayer.
El presidente Ejecutivo, Darío Castillo Sandoval, explicó que la intención es que se fortalezca la supervisión de la economía solidaria “con base en nuestra naturaleza, y para ello necesitamos que se dote a la Superintendencia de Economía Solidaria en recursos y gente”.
Según sus cuentas, en los reportes de los balances de la Superintendencia existen 44 mil millones de pesos por cuotas de contribución, las cuales han hecho las cooperativas a la Superintendencia. “Este dinero está invertido en bonos del tesoro, es decir que el cooperativismo colombiano ha estado financiando al Gobierno, y sin embargo no sentimos que se haya reinvertido ese dinero que es por contribución parafiscal en nuestro sector”, dijo.
Dicha alerta se debe a que el gremio tiene conocimiento de falsas cooperativas que ofrecen crédito de manera ágil y sin muchos requisitos para pensionados, maestros y empleados públicos. Allí, las personas no son asociados sino simplemente clientes de un crédito, y “la gestión se hace con fines de lucro particular”.
Además, “el origen de los recursos no son los asociados sino terceros inversionistas, y pueden darse cobros de tasas de interés de usura”.
Entre otras cosas, pueden cobrarse servicios a los supuestos asociados que éstos nunca toman, estas entidades “pueden estar incurriendo en captación masiva de recursos sin autorización”, y las pagadurías otorgan los denominados “códigos de descuento” de una manera totalmente discrecional.
Confecoop también pidió un espacio ante el Ejecutivo para definir la nueva reglamentación para el sector y “que hagamos un diálogo entre Gobierno y gremio para diseñar entre ambas partes, en un modelo idóneo en supervisión que permita ir delante de posibles riesgos”.
La idea es proteger a los ciudadanos de falsas cooperativas “que enlodan nuestro buen nombre”.
Por ello, solicitan que se haga un modelo de supervisión acorde a la realidad de la propuesta cooperativa, que se fortalezca la supervisión y otras superintendencias que tengan a cargo otras figuras de cooperativas.
Serán las leyes 454 de 1998 y la 79 de 1988 las que serán reformadas en dicho documento, puesto que “los tiempos cambiaron y las realidades también. Necesitamos regulaciones acordes con lo que está pasando, a la realidad nacional, que reconozca nuestra particularidad. Sirvió en su momento pero necesita actualizarse”.
El directivo indicó que la Ley 79 ha tenido una revisión por parte del gremio, y ya tienen una propuesta en borrador, la idea es modernizarlo y “cuando sea el momento propicio después de los cambios electorales de este año, plantearla nuevamente. Ya se le presentó al Gobierno una primera presentación”.
Uno de los puntos principales es que quieren hacer parte fundamental en el escenario posconflicto en Colombia. “Por ejemplo, cómo favorecer la generación de cooperativas en escenarios rurales para la nueva convivencia pacífica del país. Creo en el diálogo de las partes, Gobierno, empresas y gremio”, argumentó.
Otro punto es generar una educación cooperativa obligatoria, por ahora solo se pueden 20 horas para los asociados fundadores y necesitamos que sean al menos 40 horas para todo asociado. No es fácil.
El Presidente Ejecutivo también comentó que hoy por hoy son 5.500 cooperativas que reúnen 5 millones de colombianos, de las cuales hay varias de aporte y crédito. “No tenemos información de las que podríamos llamar falsas pero esa labor es de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de identificar las que están actuando por fuera del modelo y la ley”, dijo.