“Entiende la Procuraduría que prohibir sin fundamento científico la aspersión es una decisión más de carácter político. Llama la atención que la recomendación del Ministerio de Salud coincida con una exigencia permanente de las FARC en La Habana. Lo que convenga el Gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, sería tanto como dar el derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes”, aseguró este miércoles el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a través de comunicación enviada al señor ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público advierte que suspender las fumigaciones ante una recomendación que “carece de base científica” del Ministerio de Salud, significaría la creación de santuarios para grupos narcotraficantes como las FARC y poner en permanente e injustificado riesgo a los miembros de la fuerza pública que asumirían la erradicación manual como única estrategia institucionalizada.
“Suspender la aspersión conducirá a crear santuarios para el narcotráfico, lugares donde se podrán realizar cultivos con la certeza de que la fuerza pública no estará en capacidad de garantizar la seguridad para los erradicadores. Mandar policías a que sean asesinados o a que caigan en campos minados no puede fundamentarse en una decisión caprichosa de no asperjar. Convertir en esas zonas a los civiles que hacen la erradicación manual como blanco de oportunidad para francotiradores es absurdo. El Gobierno sabe muy bien que existen zonas donde por razones de seguridad no es posible la erradicación manual”, puntualizó.
Igualmente, el procurador general alertó sobre los alarmantes índices de reducción en las estrategias de lucha contra las drogas y el debilitamiento de la política contra los cultivos ilícitos en Colombia en lo relativo a aspersión y a erradicación manual.
“El Ministerio Público observa con enorme preocupación la forma en que se ha venido desmontando, casi que de manera subrepticia, la política contra los cultivos ilícitos (…) Las cifras son contundentes. En el cuatrienio de 2006 a 2009 se asperjaron 563.422 hectáreas, para un promedio anual de 140.855. Mientras que en los cuatro años comprendidos entre el 2010 y el 2013 el total de hectáreas fue 352.972, para un promedio de 88.243. Comparados esos dos periodos, el Gobierno dejó de asperjar 210.450 hectáreas, es decir, un 37.3%. En promedio dejaron de asperjar 52.612 hectáreas por año, durante cuatro años”, explicó el jefe del Ministerio Público citando el informe “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – Diciembre de 2014” del Ministerio de Defensa Nacional.
“El mismo descenso abrupto se presentó respecto a la erradicación manual. En el periodo 2006 a 2009 se erradicaron de esa forma 264.416 hectáreas, en promedio 66.604 por año, mientras que entre 2010 y 2013 tan solo se erradicaron 131.602, para un promedio anual de 32.900. Se dejaron de erradicar 132.814 hectáreas, 50.2% de reducción, en promedio 33.203 por año.
La caída en los dos periodos comparados es brutal. Si se suma aspersión y erradicación de 2006 a 2009 se afectaron 827.838 hectáreas, mientras que de 2010 a 2013 el resultado fue apenas de 484.574. Se dejaron de eliminar 343.264. En promedio cada año el Gobierno Nacional dejó de eliminar 85.816 hectáreas por año, durante cuatro años. En síntesis, la caída en resultados es de 41.4%”, agregó.
“Si el ritmo de la erradicación y la aspersión se hubieran mantenido como en el cuatrienio 2006 a 2009, el país estaría hoy libre de cultivos ilícitos o cerca de alcanzar esa meta”, concluyó el jefe del órgano de control sobre ese apartado.
Ante la recomendación del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones con glifosato, el procurador general de la Nación calificó este hecho como “el golpe de gracia a la política contra los cultivos ilícitos”, puntualizando que no existen razones científicas, pero sí múltiples prejuicios, para sustentar dicho planteamiento.
“Analizados diferentes documentos se evidencia que a la luz de la información oficial disponible en Colombia, correspondiente a datos del sistema de salud, no existen para las entidades públicas (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional De Cancerología y Banco de la Republica) elementos de juicio que permitan concluir que hay una mayor incidencia de procesos neoplásicos (cáncer) específicos en alguna región del país, relacionado con el consumo de productos agroquímicos que tenga principio activo glifosato, bien sea en su uso agrícola o en su empleo en la aspersión de cultivos ilícitos, esto es, aplicable a cáncer en general y a leucemias y linfomas El glifosato ha sido clasificado en la misma categoría que medicamentos de uso frecuente, aprobados por el Invima e incluidos por el Ministerio de Salud en los listados del Plan Obligatorio en Salud POS. Conforme a la misma escala de clasificación en la que se encuentra el glifosato, aparecen en un grupo de mayor riesgo (categoría 1) numerosos medicamentos aprobados por el Invima e igualmente incluidos en el POS y sustancias químicas de alto consumo nacional como el etanol, contenido en las bebidas alcohólicas”.
El procurador Ordóñez destacó que en Colombia existen 18 marcas comerciales productoras de agroquímicos que contienen principio activo glifosato y que no existe evidencia de incrementos en la tasa de cáncer o en la tasa de mortalidad en el país con relación a la exposición de herbicidas con dicho principio activo.
“Tales argumentos demuestran que la recomendación del Ministerio de Salud carece de base científica. De adoptarse, sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión. ¿Qué pasará en zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela?, lugares en donde por el uso de minas, francotiradores y por la fuerte presencia de las FARC no es posible hacer la erradicación manual. La prohibición de asperjar es un estímulo para expandir los cultivos y producir más daño al medio ambiente. En los territorios donde se aplica aumentan los cultivos, por ejemplo, los resguardos indígenas y los parques naturales”, concluyó el jefe del Ministerio Público.