Con elobjetivo de fortalecer las estrategias para reducir los gastos en que incurre la Nación por las demandas contra entidades públicas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría General de la República firmaron  un convenio de colaboración.

El acuerdo establece que los dos organismos trabajarán de manera coordinada en el seguimiento de la actividad litigiosa en más de 260 mil demandas judiciales de entidades públicas y de privados que administran recursos públicos, que a la fecha cuestan cerca de 189 billones de pesos.

 La información que la Agencia y la Contraloría usarán para el seguimiento y control de la actividad litigiosa de las entidades será obtenida del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, que de acuerdo con el Decreto 4085 de 2011, deberá ser alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos.

El uso de dicha información se logra gracias a la unificación y estandarización de la información contenida en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado y del Formato llamado F.9  (SIRECI) solicitado por la Contraloría, formulario diseñado para conocer el comportamiento litigioso de las entidades cualquiera que sea su naturaleza y cuyo fin es contribuir a la vigilancia de la gestión sobre el manejo de recursos públicos y control fiscal.

Por esta razón, a partir del segundo semestre del año 2013, las entidades pueden descargar este reporte directamente desde el Sistema, con lo que se elimina la duplicidad de esfuerzos de las entidades públicas en la elaboración de múltiples reportes y se garantiza que la Agencia y la Contraloría cuenten con la misma información para el seguimiento y control de la actividad litigiosa del Estado. Aquí se plantea una ganancia en doble vía. La Agencia asegura que el dato sea veraz y la Contraloría recoge la información de manera oportuna y centralizada.