Son pocas las propuestas en materia penal que ha hecho las Farc durante los más de tres años que llevan las conversaciones de paz con el Gobierno nacional.

Sin embargo en las últimas horas llamó la atención una iniciativa que lanzaron a propósito de una de las principales demandas que han hecho al Ejecutivo en la mesa de diálogo, como es la necesidad de combatir el paramilitarismo.

En ese sentido ayer desde la capital cubana, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, dijo que “proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares”.

El jefe subversivo justificó su iniciativa señalando que “se requiere así mismo de múltiples ajustes en la institucionalidad, que impidan que el Estado pueda ser instigador, cómplice o aliado de actividades de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes“.

Por ello reiteró al Gobierno nacional el desmonte del paramilitarismo para poder firmar el acuerdo final de paz.

Señalaron las Farc que "difícilmente" podrían pasar de organización armada a movimiento político sin "tener garantías ciertas" del desmantelamiento del paramilitarismo.

Añadió la organización al margen de la ley que "la solución efectiva de este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo".

Las Farc también propusieron la creación de una "comisión nacional por el desmantelamiento del paramilitarismo y contra la impunidad en Colombia", en la cual tendrían asiento el Gobierno, la organización de víctimas del conflicto y las Farc "en tránsito a movimiento político sin armas".

Sobre la propuesta de crear un tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares, EL NUEVO SIGLO consultó al jurista Jorge Aníbal Gómez Gallego, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien fue ternado en 2010 para Fiscal General de la Nación.

“Lo que sí es cierto es que para los grupos paramilitares esos son tipos penales que caben dentro del concierto para delinquir, y hay algunos específicamente con agravantes cuando se trata de dichos grupos. De modo que en principio no veo la necesidad de hacer un tipo penal específico para eso porque cabe perfectamente dentro de lo que hay en estos momentos en la normatividad penal”, consideró Gómez Gallego.

El jurista añadió que por paramilitarismo “hay cantidad de gente condenada, otros que están siendo procesados, de modo que eso no lo inventaron ahora. Hay mucha gente que está pagando pena por ese delito, por haber participado en grupos paramilitares o al margen de la ley. Eso existe ya en el Código Penal”.

La Ley de Justicia y Paz permitió al gobierno de Álvaro Uribe desmontar los principales grupos paramilitares que había en la época producto de su sometimiento a la justicia.

Los denominados combatientes en su mayoría ingresaron a programas de reinserción, en tanto que algunos cabecillas pagaron 8 años de cárcel y 14 más fueron extraditados a Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico.

Sin embargo, tras este proceso el paramilitarismo mutó a las conocidas Bacrim, que cuentan con más de 5 mil hombres y siguen creciendo, dedicadas a actividades criminales como la extorsión, narcotráfico y la minería ilegal.